El país persiste en una situación de nueva normalidad que va haciéndose crecientemente riesgosa. Ello si se piensa en los resultados que podrían verse si –como lo desean tres de cada diez encuestados por Ipsos-El Comercio (29%, mayo)– el presidente Pedro Castillo concluye su mandato en julio del 2026.
Si bien el apoyo a la vacancia, tanto firme como potencial (el 42% y el 17%, respectivamente) ha crecido hasta bordear el 60%, no se ve en el futuro cercano algún movimiento en el Parlamento que concrete esta expectativa. De hecho, hasta se carece del recolector de votos para tal propósito.
El presidente, en tanto, se ubica limitado por distintos frentes, sobre todo por la acción de la prensa, que reporta hechos de distinta naturaleza, algunos con mayor sustento y contundencia que otros. Ello, sin embargo, no lo distrae de su agenda mínima: sobrevivir.
Para tal aspiración, los gabinetes descentralizados parecen haber sido un recurso que funciona, si se ve la clara diferencia entre la aprobación en Lima (10%) y el interior, tanto urbano (29%) como rural (37%). Sin contar con millas (las actas que sustenten los Gabinete, como reportó una nota de Alicia Rojas, El Comercio, 16/5/2022), el pasajero frecuente acumula tanques de oxígeno no desdeñables.
Por su parte, el primer ministro Aníbal Torres secunda la retórica constituyente del mandatario, mientras su permanencia en el cargo parece no peligrar. De hecho, y a pesar de rumores que circulan de cuando en cuando, en un par de semanas el septuagenario y vociferante Torres podría convertirse en la persona que más haya durado en PCM en lo que va de este Gobierno. De hecho, no debería extrañar que sea el actual ‘premier’ quien acompañe a Castillo en el eventual mensaje a la Nación de julio próximo.
En el camino, la gestión continuará con el copamiento de responsabilidades claves por parte de personal no idóneo para las funciones muy sensibles en sectores determinantes. A ello, se suma el desmontaje de lo poco que ha venido funcionando en el Ejecutivo. La más reciente muestra de este segundo patrón gubernamental es el despido de Amalia Moreno, que lideraba hasta ayer la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, la entidad ejecutora encabezaba hasta abril el ránking de ejecución presupuestal estatal.
Frente a ello, el Congreso permanece sin filo y se ha unido, en tiempos recientes, a diversos estropicios. Las últimas interpelaciones quizás produzcan alguna censura, pero es muy probable que el funcionario removido tenga un perfil muy parecido al potencialmente censurado.
Ello, en medio de una situación inédita en la bicentenaria historia del país: hay recursos ingentes, provenientes sobre todo de la actividad minera. No exagera Marcial García, de EY, cuando comenta que “no hay ningún Gobierno en la historia republicana de este país que haya tenido tanta plata proveniente del sector minero” (“Gestión”, 16/5/2022).
Así, la gestión de Castillo se encamina a ser la antítesis de lo que planteaba su efectivo lema de campaña “no más pobres en un país rico”. De hecho, de continuar con el actual rumbo, lo probable es que la pobreza en el Perú se incremente, a pesar de generar suficientes recursos para poder atender las necesidades básicas de la población, sobre todo de la más necesitada.
Sin que haya alguna acción por parte de los actores políticos o una presión suficiente por parte de la ciudadanía organizada (gremios, asociaciones, iglesias, ONG, etc.) o desorganizada (la protesta en las calles), la actual situación de deterioro gubernamental e institucional corre el serio riesgo de preservarse. La situación –como diría el título de la canción de Myriam Hernández que toma prestado esta columna– “huele a peligro”.