No invierta en el Perú, por Andrés Calderón

Si, objetivamente, tuviera que resumir la moraleja de la más reciente sesión de interpelación en el Congreso en una sola frase, escogería la que titula esta columna.

Solo quien repudie la seguridad jurídica y la inversión privada podría no preocuparse por el país luego de escuchar la novena intervención parlamentaria en la que se insistía en resolver o “caducar” un contrato (el de la concesión del aeropuerto de Chinchero) bajo el “argumento” de que este es defectuoso o “lesivo” para el Estado. A la décima tuve que apagar el televisor.

“¿Qué debía hacer el Estado? […] resolver el contrato” (Armando Villanueva, AP), “¿Acaso no constituía una solución licitar nuevamente con una empresa que garantice un buen perfil financiero?” (Marco Arana, FA), “El tema de Chinchero tenía dos salidas: una fuera del contrato, declarando la caducidad y llevándolo a una licitación o hacerlo vía obra pública” (Javier Velásquez Quesquén, Apra), “Este contrato debió desde el primer momento resolverse y […] armarse un nuevo proceso vía licitación pública” (Daniel Salaverry, FP), “Cuando este gobierno ingresó y ve que había esas dos fallas gravísimas, tenía que haber resuelto la concesión” (Héctor Becerril, FP)… y siguen firmas.

Ni siquiera es indispensable entrar al fondo del asunto y evaluar la actuación del Ejecutivo. Basta con recordar un librito llamado Constitución, que exige respetar la intangibilidad de los contratos y la igualdad entre los contratantes, de modo que ni siquiera el Estado puede cambiar unilateralmente las condiciones (no, tampoco puede obligar a renegociarlas), ni mucho menos desconocerlas.

Si firmas un contrato el día 1 y el día 2 te das cuenta de que no te conviene tanto, ello no te da derecho a resolverlo. La torpeza no es fuente de derechos. Así que, por más malo que haya sido el contrato firmado con Kuntur Wasi (el concesionario en Chinchero) durante el gobierno anterior, ello no le otorga el derecho al gobierno actual a resolverlo, caducarlo, quitarle 10 años, ni licitarlo nuevamente.

Entonces, ¿fue una alarmante ignorancia o un populismo desfachatado (y ánimo de agredir al rival político) lo que motivó a nuestros legisladores a disparar barbaridades jurídicas? Ninguna respuesta puede ser alentadora.

¿Qué pensaría un potencial inversionista ante semejante exhibición parlamentaria? ¿Quién invertiría su dinero sabiendo que su futuro podría terminar en las manos de nuestros políticos? ¿Usted, responsable lector, les confiaría el destino de sus ahorros?

Nos preocupamos –y con razón– por que la inversión privada no despega desde el 2014, los índices de expectativas empresariales (BCR) no llegan a los 70 puntos desde el 2010 y el índice de confianza del consumidor (Apoyo Consultoría) está en su nivel más bajo en seis años. ¿El turbulento escenario político podría explicar en parte esta actualidad? En la tensa relación Ejecutivo-Legislativo, parece que el primero no encuentra la forma de controlar la partida, y es más bien el segundo el que lleva la voz cantante. Pero si quien lleva las riendas se comporta de manera populista e irresponsable, ¿eso no afecta el panorama económico?

La próxima vez que le preguntemos al Gobierno qué está haciendo para impulsar la inversión privada, podríamos preguntar también al Congreso qué hace para no desalentarla. Si la situación política no cambia (y para que cambie habría que demandar mayor responsabilidad a nuestros representantes), la economía difícilmente mejorará.

Mientras tanto, nuestros países vecinos bien podrían sacarnos ventaja y atraer inversiones incluyendo en sus publicidades extractos del canal del Congreso, seguidos de un eslogan que diga: “Nosotros no somos así”.

Actualización (22/05/2017, 00:15): Después del cierre de edición de esta columna, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, anunció la decisión del gobierno de “dejar sin efecto” (resolver unilateralmente) el contrato de concesión de Chinchero porque no ha logrado “un mínimo de consensos” ni el “suficiente respaldo” político. Pésima señal para la seguridad jurídica y la inversión privada. Kuntur Wasi ya anunció que evalúa tomar acciones legales. Insisto: la torpeza no es fuente de derechos, pero sí fuente de millonarias indemnizaciones.