Las señales de Boluarte

El precipitado ascenso de Dina Boluarte (Chalhuanca, 1962) a la Presidencia de la República tras el estrepitoso fracaso del golpe de estado que empujó Pedro Castillo ha puesto en receso la animosidad que se había instalado en la política peruana. Que la voluntad unitaria a la que se refirió la hoy jefa del Estado en su mensaje de ayer tenga asidero y perdurabilidad dependerá de las primeras decisiones que tome y de cómo reaccionen los demás actores políticos a los primeros pasos que da.

La jornada de ayer, además, ha sacado a relucir los resortes constitucionales que priman en el país ante la embestida autoritaria de Castillo. Dada la precariedad de la política en su conjunto, cualquier temor puede tener fundamento. De hecho, los rumores sobre golpe de estado que circularon el fin de semana tenían razón de ser. Pero, felizmente, los golpes ya no los hacen como antes.

Así como no deja de sorprender la fortaleza y resiliencia de la economía peruana, quizás valga la pena empezar a mirar los espacios de institucionalidad política que subsisten para poder construir sobre ellos. Por lo pronto, debe verse que el impopular y poco comprendido Congreso ha sabido darle un cauce constitucional al trance, algo que debe resaltarse dada la ubicua mezquindad que suele poblar el panorama político peruano.

Del desbarajuste que significaron los meses que duró Castillo en el cargo (y al margen de las sólidas denuncias de corrupción que debe enfrentar) debería sacarse la enseñanza de no realizar nombramientos basados en cuotas partidarias. Más bien, debería privilegiarse el aporte técnico que los profesionales convocados deberían brindar, así como el peso político que le den a una presidencia que tendrá grandes desafíos al frente.

Boluarte y su equipo (cuya composición se desconoce al cerrar esta columna) deberán reencauzar al país en diversos ámbitos. La generación de un clima propicio para la promoción de la inversión privada, el respeto a las libertades propias de un sistema democrático y el abordaje del complejo entorno internacional que enfrenta el país serán tareas fundamentales a las que abocarse. ¿Qué tanto de este énfasis tuvo Boluarte al frente del Midis? Contestar esta pregunta puede proyectar algún ensayo de respuesta.

Boluarte nació y creció en Apurímac, una región que se ha convertido en el epicentro de la conflictividad social, otro de los espacios en los que el saliente régimen de Castillo parece haber actuado con negligencia, cuando no con una abierta promoción de la protesta.

Boluarte, además, enfrentará su gestión sin una bancada propia, por lo que tendrá que buscar algún tipo de anclaje o acuerdo que la haga transitar sin sobresaltos. Martín Vizcarra, que pasó por una experiencia similar, transitó del aparente complot a una hostilización que terminó con la disolución de septiembre del 2019. Pero ese no es un buen ejemplo en lo que a institucionalidad democrática se refiere.

Sin duda, el principal reto que enfrentará Boluarte es el plazo que durará su mandato. Constitucionalmente, le corresponde completar el trunco mandato de Castillo, que finaliza en julio del 2026, algo que ella se cuidó de mencionar en su primera presentación pública como mandataria.

Pero existen desde hace meses diversas presiones para anticipar comicios como una salida a la crisis política, incluyendo un proyecto de ley aprobado hace unos días en la Comisión de Constitución del Congreso. ¿Podrá sortear estas presiones con una gestión a la altura de los problemas que enfrenta la nación? ¿O, más bien, optará por una reedición de las peores facetas de Castillo, incluyendo el patrimonialismo como patrón de comportamiento y prolongar así la crisis? Las primeras señales que envíe serán importantes. Pero no necesariamente concluyentes.