Pánico económico en Ecuador, por Ian Vásquez

Un muchacho de 17 años hizo un gesto obsceno en público al presidente ecuatoriano a principios de mes. Según el joven, Rafael Correa lo tomó del pecho y le dijo: “Muchachito malcriado, aprende a respetar, soy tu presidente”. En Ecuador, el desacato es un delito, por lo que el joven fue condenado a 20 horas de trabajo comunitario y a que sean él y su madre vilipendiados por el extenso aparato de propaganda que posee el gobierno.

Comportándose de esa manera, es difícil pensar que el gobierno haya logrado incrementar el respeto al jefe de Estado, en vez de lo contrario. Lo mismo ocurre en lo económico. No es fácil encontrar en la prensa ecuatoriana artículos o reportes que argumenten que el mal manejo del gobierno vaya a conducir a la economía a una crisis. Quien se atreva a expresar tal opinión estaría cometiendo delitos de pánico económico o financiero.

Dado que es un crimen divulgar lo que el gobierno considere “noticias falsas” que dañen a la economía o al sistema financiero, cierta información económica corre a base de rumores, como ocurrió hace dos semanas, cuando se rumoreó una corrida de depósitos en el sistema bancario. Pero en su cadena sabatina Correa amonestó que “esos rumores son delito”. 

¿Por qué tanta angustia si bien, como afirma el gobierno, el sistema bancario está sólido como por lo menos hasta ahora parece serlo? Se trata del viejo problema de los regímenes populistas: el gasto público descontrolado. Para el 2014, el Estado Ecuatoriano estaba gastando el 44,1% del PBI, y el déficit fiscal (con amortización de deuda incluido) ha llegado a 8% del PBI. Lo que ha atado las manos de manera parcial a Correa –y lo que le ha brindado estabilidad a la economía– es que la economía ha estado dolarizada desde el 2000, cosa que no permite al gobierno imprimir dinero. 
Con los precios de las materias primas a la baja, el gobierno ha estado buscando otras fuentes de financiamiento. Ha levantado aranceles, ha pedido más préstamos a China, y se ha valido de un nuevo Código Monetario y Financiero, que pone en duda el futuro de la dolarización. La nueva ley, en vigencia desde setiembre pasado, da al Banco Central poderes para emitir créditos en base a las reservas que mantiene, que a su vez se basan en fondos que los bancos están obligados a mantener allí. En una economía dolarizada, un banco central no tiene sentido (como muestra el caso de Panamá). Pero en vez de eliminarlo, Ecuador ahora está ampliando sus funciones. En los últimos siete meses, el Banco Central ha otorgado US$3.600 millones al gobierno y entidades públicas. La supuesta reserva de liquidez ya no parece ser tan confiable. 

Correa detesta la dolarización, y no deja de debilitarla al decir que perjudica la economía. De hecho, su Código Monetario faculta al Banco Central de poderes que corresponden al manejo de moneda propia –como la emisión de dinero electrónico y el manejo de tipo de cambio–. Pero el 85% de los ecuatorianos apoya la dolarización. Cambiar la moneda no solo sería muy impopular, implicaría una devaluación desestabilizadora. 

La mejor explicación de la voluble confianza de los ecuatorianos la formula en un blog personal quien fue gerente general del Banco Central cuando dolarizaron la economía, Miguel Dávila: “¿No será que la gente piensa que puede haber la intención de quitarle sus dólares, al menos los que están depositados en los bancos?”. Es una buena pregunta que, al no ser un posible delito, se haría de manera más amplia y podría contribuir a un debate abierto que calme al público en lugar de lograr lo contrario.