Recibir dinero público y gastar mal

La línea delgada entre lo ilegal y lo permitido es el uso de los recursos del Estado por parte de los partidos, como ha mostrado Christopher Acosta en sus reportajes sobre el financiamiento público directo. Lo peor de todo es que los partidos necesitan recursos, pues carecen de ellos. Tienen que solicitar o aceptar aquellos que provienen de fuente privada y, desde el 2017, de parte del Estado.

Como ya se señaló en el artículo anterior (El Comercio 13/9/2022), en este quinquenio se distribuirán casi S/78 millones entre los diez partidos que tienen representación en el Congreso. Si se suma desde el 2017, en una década, los partidos recibirán más de S/138 millones, siendo Fuerza Popular el que más recibirá, con S/24 millones; Acción Popular, S/15 millones (no recibido, pues aún no se ha reconocido a su dirigencia); y Alianza para el Progreso, S/14 millones. La norma señala que no más del 50% debe ser usado para gastos ordinarios y por lo menos el 50% para gastos de formación, capacitación, investigación y divulgación. Es decir, la idea es que a lo largo de un quinquenio un partido político pueda funcionar adecuadamente con ese dinero y esté en condiciones de alquilar locales (la ley pide para inscribirse 67 comités provinciales), equiparlos, pagar los servicios públicos, así como contratar al personal necesario para su funcionamiento (asistentes, seguridad, informáticos, manejos de redes sociales), y dotarlo de profesionales imprescindibles (tesorero, contador, abogado). De la misma manera, este dinero tiene como objetivo capacitar a los miembros del partido. Se trata de ir formando a los cuadros que, posteriormente, serán dirigentes o candidatos. Esto último se requiere de manera urgente. En esta campaña se observa cómo candidatos colocan en sus planes de gobierno y ofrecen lo que un gobierno regional o un municipio no puede hacer.

Si todo lo previamente mencionado es una necesidad para los partidos políticos, lo que se constata de algunas rendiciones de cuentas es poco menos que preocupante. De lo que se ha mostrado en los reportajes periodísticos, Fuerza Popular y Renovación Popular –no deben ser los únicos– han pagado por servicios profesionales entre S/120 y S/260 mil a políticos que han sido representantes o aspiraban a serlo. En el caso de Perú Libre y Somos Perú, se ha registrado pagos a sus respectivos dirigentes por honorarios mensuales. O, también en el caso de Fuerza Popular, el pago de las maestrías a algunos de sus dirigentes.

Desde que se promulgó la ley, en el 2003, el deterioro de los partidos y los grados de informalidad han crecido enormemente, así como la personalización de las organizaciones. En ese cuadro de extrema fragilidad partidaria, lo que se observa es el mal uso de los recursos públicos. No ha existido una priorización de las necesidades básicas de sus organizaciones y, menos, transparencia en el gasto. La militancia partidaria desconoce este uso. Pero es un mal uso, aun cuando no ilegal, pues, al parecer, los partidos se han dado cuenta de que en la ley no existían límites a los gastos, ni determinadas prohibiciones de usos que ahora se ven como excesivos o inadecuados. Prohibiciones que, dicho sea de paso, son difíciles de establecer.

Si bien este es un uso dirigido a favorecer a algunos dirigentes o allegados, que no benefician a la organización y sus miembros, además provoca el rechazo ciudadano al que no le gusta este tipo de financiamiento. El problema es que es una suerte de mal necesario. Si no hay financiamiento público, las organizaciones caerán (más) en manos de quienes tienen recursos, las corporaciones o dinero ilícito. Peor no podía ser.