Satélites en Bagua, por Andrés Calderón

La semana pasada, hicieron noticia dos prácticas “abogadiles” tan antiguas como regalar doctorados ‘honoris causa’ a los causas.

La primera tuvo que ver con el testimonio del extesorero de Fuerza Popular Luis Mejía Lecca acerca de los abogados de Keiko Fujimori y el partido naranja. Según las declaraciones de Mejía ante la fiscalía, y reveladas por El Comercio, los “jurisconsultos” preparaban los testimonios que debían realizar los falsos aportantes a las campañas electorales de Fuerza Popular.

Esta es la razón por la que el fiscal José Domingo Pérez formalizó denuncia contra Arsenio Oré Guardia, Giulliana Loza, Edward García Navarro y otros letrados, por delito de obstrucción a la justicia. El extesorero afirma también que dichos abogados formaban parte de un “brazo legal para los temas penales” del partido, dirigido por Vicente Silva Checa, “que en un primer momento trabajaba en coordinación con el estudio Oré y luego con el estudio Loza Ávalos”.

El primer asunto –el direccionamiento y amedrentamiento de testigos– tendrá que esclarecerse en el proceso penal, pero los argumentos esbozados por la defensa de los abogados no aparentan ser muy promisorios para ellos. Forzar la distinción de que Mejía dice que “en el estudio de Arsenio Oré se instruía a los testigos que iban, pero no ha dicho que Arsenio Oré o sus abogados amenazaron” (García Cavero, abogado de Oré, dixit) suena a una elucubración del célebre estilo “No se cayó, se desplomó”. Más aún cuando varios de esos aportantes rectificaron sus testimonios iniciales y manifestaron que efectivamente fueron intimidados. Y sostener que se trata de “una actuación dentro de los límites del ejercicio legítimo de la profesión” (Loza dixit) debería llevar a cualquier abogado a revisar sus coordenadas deontológicas para no volver a extraviar las fronteras legales y éticas ni la definición de legitimidad.

Sobre lo segundo, la declaración de Mejía revela una moneda corriente en la práctica legal: el uso de satélites. Más cotidiano aún en el ámbito penal. El estudio “satélite” da la cara y el estudio “planeta” decide la estrategia en la sombra. A veces porque al bufet legal no le conviene que lo vinculen con un cliente. Otras veces para dar la apariencia de multitud y agrandar el número de sacos y corbatas que defienden una causa común. De vez en cuando para ‘by-passear’ un conflicto de intereses. Y, en ocasiones, sencillamente para evadir la responsabilidad. Curiosos defensores legales aquellos a quienes les da vergüenza dar la cara por sus defendidos.

La siguiente noticia fue la medida cautelar otorgada por un juzgado en Bagua para que la (¿ex?) Universidad Telesup pueda continuar operando pese a que la Sunedu le denegó el licenciamiento en mayo. Según ha señalado el abogado corporativo (¿?) de Telesup, Luis Alfonso Morey –quien, según su cuenta en Linkedin, es desde julio de este año abogado del estudio Flores-Aráoz, cuyo socio y fundador, Ántero, es crítico de la reforma universitaria y doctor honoris causa por, ¡coincidencias de la vida!, la (¿ex?) Universidad Telesup–, la demanda fue obra y gracia de un entusiasta alumno que vive en Bagua –donde no hay ni una sola sede de Telesup– pero estudia en Telesup, semipresencialmente.

No hay que ser muy zahorí para escamar que puede haber aquí un criollísimo “jurista” que encontró en un lugar recóndito un juez receptivo a ciertas pretensiones extravagantes.

Para quienes han vivido familiarizados con este modus operandi, sin embargo, aquí no hay nada extraño. Tampoco para quienes se acostumbraron a vivir de satélites… tanto que perdieron conexión con este planeta.