El voto preferencial, por Iván Alonso

Lo más probable es que la eliminación del voto preferencial no esté entre las reformas electorales que el Congreso empezará a debatir esta semana. Es una lástima porque se trata de la más nefasta de nuestras instituciones políticas. Poco a poco, desde su creación en 1978 para la elección de la Asamblea Constituyente, ha ido debilitando a los partidos y privilegiando en la mente de los votantes el beneficio particular e inmediato de las promesas electorales, en desmedro de los planes de gobierno, aunque sea medianamente articulados.

Cuando uno compara la competencia en la arena política con la competencia en los mercados de bienes y servicios, los partidos políticos cumplen (o deberían cumplir) la función de las empresas y marcas reconocidas que le dan al consumidor cierta seguridad sobre la calidad y las características de un producto. Usted no necesita convertirse en un experto en mecánica o electrónica antes de comprar un carro o una computadora porque confía en que los ingenieros de la compañía equis han hecho bien su trabajo. Del mismo modo, ningún elector puede ser un especialista en la multiplicidad de cuestiones de economía, educación, salud o seguridad ciudadana sobre las que tendrá que decidir el Congreso. La mejor manera de asegurarnos que nuestras preferencias sean tomadas en cuenta es delegar el poder de decisión en un partido con cuya doctrina, en términos generales, nos sintamos de acuerdo.

Con el sistema actual nos vemos forzados a optar –aquí el verbo de moda, ‘apostar’, sería más adecuado– por una persona que circunstancialmente postula por un partido, pero que no necesariamente responde a una doctrina, a una forma de ver las cosas, sino que probablemente haya sido invitada a ser parte de la lista por su notoriedad, nada más. En la generalidad de casos, es más difícil predecir cómo votará esa persona ante tal o cual proyecto de ley que hacia dónde se inclinará un partido con un ideario conocido.
El voto preferencial viene a ser como si en un banco cada sectorista estableciera sus propias políticas de crédito, al margen de lo que diga su gerente de riesgos, otorgando préstamos a sus clientes en los términos que mejor le parezcan. El ahorrista debería salir corriendo antes de que el relajamiento de las condiciones de crédito comprometa la solvencia del banco.

En el Congreso, el relajamiento de las promesas electorales, sin consistencia entre sí y desvinculadas de un plan de gobierno, no ayuda a hacer manejable el país. Cada congresista llega con una bandera, pero es uno entre ciento treinta. Para que sus promesas electorales se materialicen, tiene que apoyar las de sus colegas, de manera que estos, a su vez, apoyen las suyas.

La alternativa al voto preferencial no es el distrito uninominal, en el que cada circunscripción elige un representante. La idea de que ciento cincuenta mil personas se mantendrán atentas a lo que hace “su” representante para exigirle que cumpla sus promesas es una quimera –nadie tiene incentivo suficiente para hacerlo– y además un peligro similar al que entraña el voto preferencial. La alternativa es devolverles poder a los partidos y dejar que compitan, ofreciendo al electorado una doctrina atractiva, un plan de gobierno realizable y una lista de candidatos que, de cara a la siguiente elección, demuestre que actúa de acuerdo con lo que predica.