A estas alturas, que el Ministerio del Interior y la comandancia general de la PNP insistan en que no podían hacerle seguimiento al hoy prófugo Juan Silva cuando aún su paradero era claro no solo es una burda excusa, sino también un intento por engañar a la población sobre el trabajo operativo de la policía. La fiscalía fue clara cuando, el 27 de mayo, solicitó que se cubrieran los desplazamientos del exministro a través de una videovigilancia. Una medida de este tipo se pide, básicamente, por dos razones: para saber dónde y con quiénes se relaciona el investigado, y para evitar una posible fuga.
Cualquier efectivo con conocimiento sobre cómo se realiza una investigación criminal, sabe que una videovigilancia implica seguir los movimientos de su objetivo. “Pegársele”, “ponerle marca”, como se dice criollamente, sin ser detectados mientras realizan el registro fotográfico. Es una técnica especial, un método policial de trabajo, que practican, por su especialidad, las unidades de Inteligencia de la PNP y que forma parte de la doctrina y de sus manuales de procedimientos operativos.
De manera que continuar con la versión de que no podían seguir a Silva es persistir en el engaño. Cuando la verdad es que, desde un inicio, no hubo voluntad para prevenir que la fuga sucediera. En palabras del fiscal Samuel Rojas, fueron las “acciones ineficaces” de la policía las que posibilitaron que el exministro escapara. Pero no hay que perder de vista que no estamos ante un caso aislado: con Bruno Pacheco y Fray Vásquez (sobrino del presidente Pedro Castillo) también se vio un trabajo igual de negligente.
La pregunta es, ¿es pura casualidad o estamos delante de un patrón de encubrimiento? Estas tres fugas tienen en común que sucedieron cuando el jefe de Inteligencia de la PNP era el general Luis Legua Egocheaga, que fue ascendido a ese grado por el presidente Castillo y puesto en ese cargo, sin experiencia previa, en febrero pasado. Este general visitó Palacio el pasado 3 de junio, un día antes de que la fiscalía solicitara la detención preliminar de Silva y cuando la Inteligencia de la PNP supuestamente estaba videovigilando al exministro.
La tesis de la fiscalía es que Castillo es el líder de una presunta organización criminal que recibía sobornos a cambio de obras públicas. De ser cierta o no, lo que estamos viendo es que se estaría instrumentalizando a la PNP para que los miembros de esta presunta red puedan evadir a la justicia. En otras palabras, más allá del delito de recibir coimas, ahora también es el encubrimiento. Todo esto, en desmedro de la imagen de la PNP que este gobierno desde un inicio ha demostrado querer someter. Lo único que podría disipar las dudas es que estos prófugos sean capturados cuanto antes y puestos donde deben estar.