Desmontando la organización

Visto en perspectiva, en este poco más de un mes desde que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, que lidera la fiscal superior Marita Barreto, recibió las carpetas de los casos emblemáticos que comprometen al gobierno de Pedro Castillo y a su entorno más cercano, resulta clara cuál es la estrategia ofensiva que han optado por ejecutar: apuntar directo a las cabezas de esta presunta organización delictiva y, de esa manera, conseguir su más pronto desmantelamiento.

No es casual, por ello, que hayan preferido concentrarse primero en el esquema de corrupción implementado en el municipio de Anguía. A diferencia de los otros casos, este describe con exactitud la cadena de mando de la estructura criminal que el equipo especial de fiscales ha denominado “Red criminal en el poder”. Este reúne a las personas más cercanas al jefe del Estado, empezando por su esposa, su cuñada a la que ha criado como si fuera su hija, ese buró político integrado por chotanos y sus ministros.

Además, esta investigación evidencia la participación del presidente en el plan criminal: las licitaciones fraudulentas y las comisiones ilícitas que pretendían conseguir por intermedio de ellas. No olvidemos que es a raíz del Decreto de Urgencia 102 que firmó Castillo en octubre del año pasado que municipios como el de Anguía obtuvieron los fondos para convocar proyectos.

No es casual, tampoco, que, a la par que se ha iniciado esta ofensiva fiscal, los mensajes del presidente y sus escuderos se hayan tornado más coléricos y virulentos, en especial contra la prensa y el Ministerio Público. Son conscientes de que el Caso Anguía golpea directamente al mandatario. Por eso, vemos también que cometen errores, tal vez guiados por el nerviosismo, como la pérdida de información de tres cámaras de seguridad de Palacio cuando se iba a detener a Yenifer Paredes, o la no entrega de esta última durante 24 horas cuando información de Inteligencia tenía la plena certeza de dónde se encontraba.

No sería raro, por ello, ver que el Gobierne iniciase una contraofensiva desde ese reducto que tiene aún bajo su control: el Sistema de Inteligencia Nacional. Pero esa es otra historia. Lo que hoy estamos presenciando es cómo se está descomponiendo esta presunta red delictiva que, en palabras del empresario Hugo Espino, empezó a gestionar sus intereses ilícitos once días después de que Castillo iniciara su mandato.

He ahí el acierto de comenzar con el caso de Anguía, que describe de manera documentada el derrotero de cómo una obra ganada de manera fraudulenta en ese municipio conecta no solo con cada uno de los actores del círculo más próximo del presidente, sino con él mismo. Una detallada descripción de cómo opera una red criminal.