Rodrigo Cruz

El caso de los sobornos para los ascensos a generales comenzó en noviembre del 2021, con la denuncia del entonces subcomandante general Javier Bueno. La madrugada del 13 de ese mes, Bueno dejó por escrito en una nota informativa que indebidamente se estaba sumando el puntaje de los postulantes y que, pese a que se lo advirtió a los presentes, el entonces comandante general PNP Javier Gallardo hizo caso omiso y se encerró con las actas de votación en su oficina.

Al día siguiente, el contenido de la nota de Bueno salió publicada en estas páginas. Era el primer aviso de que algo turbio se estaba cocinando. Pese a ello, el 20 de noviembre, el gobierno de publicó las resoluciones supremas confirmando el ascenso de 25 generales. Tres días después, El Comercio publicó que cuatro de los postulantes visitaron Palacio durante las evaluaciones y que dos se reunieron sospechosamente con Bruno Pacheco y con el entonces ministro de Defensa Walter Ayala.

A inicios del 2022, Bueno, que ya había solicitado pasar al retiro tres días después de hacer su denuncia, volvió a la carga y dio a conocer ante el Congreso que le había llegado información de que se pagaron al menos US$20 mil por los ascensos y que el destino final de ese dinero era Palacio. Este caso no solo nos hablaba de una trama de corrupción, sino también de cómo la gestión de Castillo había captado a la policía para sus intereses particulares. Conseguir impunidad, por ejemplo.

Y así lo entendió el equipo especial de la fiscalía que, al poco tiempo de crearse, consiguió que Bruno Pacheco se acogiera a la colaboración eficaz y que, entre otras cosas, reconociera los sobornos en el caso de los ascensos. De manera que había mucha tela por cortar. Al mayor PNP David Medina Guillén, que ya venía de investigar al general PNP Max García por cobro de cupos a empresarios en Chiclayo, se le asignó la investigación.

Con Medina al frente, se estableció cuál fue el plan criminal desde un inicio, los miembros de la organización y los roles que tenían cada uno de los oficiales comprometidos. Se revisaron todas las actas de las evaluaciones y se interrogó a todos los involucrados. Por primera vez, se realizaba una investigación de este tipo en la policía. Finalmente, se elaboró un informe recomendando la detención de los generales. Ayer se ejecutó la medida, pero tres días antes, a Medina, que ya se había convertido en un personaje indeseable para policías corruptos, se lo incluyó en la lista de los que van a pasar al retiro en el 2023. En honor a su compañero, la captura de los generales llevó el nombre de Aquiles. Así es como sus colegas llaman a Medina.

Rodrigo Cruz es periodista

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