En esto atracan todos

Primero, hay consenso en el hecho de que el Gobierno no acabaría su mandato. No digo en la voluntad de que lo haga, porque vaya que el presidente Pedro Castillo y sus socios quieren quedarse y siguen dando pasos en ese sentido, pero está extendida entre propios y ajenos la percepción de que esto no va a durar demasiado, de que se hace insostenible y de que la inestabilidad, aunque el Ejecutivo se familiarice y hasta encariñe con ella, no puede ser una nueva normalidad. Si esta percepción no incluyera al propio Gobierno, entonces no hubieran barajado, ni de bluf, ideas sobre adelanto de elecciones.

Segundo, también hay consenso en que una renuncia es mejor que una vacancia, una disolución, una destitución o despido. Ya lo hemos aprendido en el pasado, cuando renunció PPK al borde de la vacancia. Es como hacer una transacción ardua, complicadísima, y ahorrarse un impuesto altísimo. Con la renuncia, el que se va tiene la iniciativa final de un gesto con visos redentores; y el que lo ajocha para que se vaya se ahorra el costo de pecar de máximo obstruccionismo.

Tercero, que, si se interrumpe el mandato de Castillo, es para dar paso a elecciones generales. Pero este es un consenso reciente. Hace unos meses, destacados miembros de la coalición vacadora, como la presidenta del Congreso, María de Carmen Alva, y el portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, dieron a entender que, si se iban Castillo y Dina Boluarte, la sucesora constitucional, Alva, solo convocaría elecciones presidenciales. Argumentaron, junto con algunos constitucionalistas afines a su pensamiento, que la Carta Magna no era precisa al respecto. Otros constitucionalistas y conocedores del régimen político piensan lo contrario. Más allá de la polémica, la abrumadora confirmación en todas las encuestas de que la gran mayoría prefiere el cambio en los dos poderes ha llevado a una modificación del discurso y la promesa. “Si quieren elecciones generales, habrá elecciones generales”, ha dicho Alva el pasado lunes.

Cuarto, que la protesta popular es un ingrediente relativamente nuevo, imperioso, legítimo y atendible con urgencia antes de que desborde a los poderes y al orden establecido. Acabamos de ver al Ejecutivo y al Congreso competir para ver quién elaboraba primero los proyectos de ley para permitir la exoneración temporal del IGV y el ISC. El Congreso, por apuradito, metió la pata, y se ha allanado a las observaciones del Ejecutivo.

Lean esta pequeña lista de consensos. ¿Qué conclusión se les ocurre? Por lo pronto, que la protesta popular obliga a la coalición vacadora a repensar la pertinencia, el momento y la forma de su acción contra Castillo; y a este a concentrarse en atenderla, sin dejar de meditar en la mejor forma de salir.