Cómo evitar a Vilcatoma, por Fernando Cáceres

El presidente, siendo ministro de Transportes, conservó sus acciones en la empresa CyM Vizcarra. El primer ministro es propietario del 85% de Piscícola Cumbaza, y el titular de Educación es propietario de Marka Consultores.

Las explicaciones no se han hecho esperar. “Desde que asumí la presidencia de la República… me retiré por completo de la compañía” (Vizcarra). “Se trata de una pequeña empresa familiar acuícola… no exportamos” (Villanueva). “Es una empresa que no ha contratado con el Estado… lo único que ha hecho es vender un carro de segunda mano” (Alfaro).

Un ministro tiene muchas formas de impulsar actividades económicas, aun si son ajenas a su sector, pues accede a información reservada y toma decenas de decisiones a diario. Para otorgar un beneficio indebido, bastaría con que comparta información u omita realizar alguna acción.

De otro lado, los candidatos a ministros, a quienes necesitamos atraer, usualmente están vinculados a actividades económicas que dan sustento a sus familias, y deben poder seguir dando esa tranquilidad a su entorno al dejar el cargo.

¿Cómo conciliamos ambos intereses? Hoy el marco legal es vago e insuficiente. El artículo 126 de la Constitución declara que “los ministros no pueden ejercer actividad lucrativa”, pero hace falta recurrir al código de ética para entender que la restricción aplica cuando hay conflicto de intereses. Una vaguedad que ha permitido cuestionamientos contra Villanueva y Alfaro, y que la congresista Vilcatoma acuse constitucionalmente a Vizcarra por haber tenido acciones y un cargo en una empresa, pese a que no existan indicios de beneficios indebidos.

La manera de conciliar ambos intereses se llama fideicomiso ciego. Un sistema que permite la transferencia del patrimonio del funcionario a un fondo de inversión (hasta que deja el cargo), y cuyos administradores no tienen vínculos con el funcionario. Una muralla de verdad (no china). Por ejemplo, Piñera, poco antes de asumir la presidencia en Chile, anunció la creación de un fideicomiso ciego por US$1.170 millones. Allá la figura es obligatoria para el presidente, ministros, gobernadores regionales, alcaldes, etc., siempre que el patrimonio supere el millón de dólares. El modelo chileno sigue al norteamericano, donde Reagan, Bush y Obama dejaron sus patrimonios en un fondo ciego y los recuperaron tras su presidencia.

Haríamos bien en debatir un proyecto de ley para crear un sistema como este. Los funcionarios públicos, sobre todo en puestos con vocación temporal, deberían poder aceptar el puesto ofreciendo tranquilidad a sus familias. Y la sociedad debiera poder estar tranquila de que los funcionarios no harán un mal uso de su poder.

Limitar la responsabilidad del funcionario sobre las actividades económicas en las que se invierta el patrimonio dado en fideicomiso evitaría tener que enfrentar acusaciones tortuosas como las de Vilcatoma.