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Si fuera burocrático, propondría crear la CEBI (Comisión de Eliminación de Barreras Ideológicas) y la adscribiría a la PCM donde tendría más chance de ser efectiva que en el constreñido Indecopi. Pero la ideología es una traba de la conciencia y solo la conciencia puede destrabarla.
Tengo la firme impresión –en esto no hay ránking– de que la ideologización causa muchos estragos en el Perú, quizá más que en el promedio de países OCDE. Y esto complica mucho la gestión de la pandemia y de la nueva normalidad. ¿Por qué? Porque los gobiernos se ven obligados a tomar medidas drásticas que los hiperideologizados de derecha interpretan como radicalismos de izquierda contra el modelo y los de izquierda, al revés, como protecciones al modelo.
Estas confusiones son un campo fértil para proyectos de ley efectistas (grado inferior del populismo) que buscan impactar a una población que sentirá que sus parlamentarios, en la crisis, piensan en los pobres y no en los ricos. En esa narrativa congresal, el Gobierno, por supuesto, piensa en los ricos. Los ideologizados difícilmente mejorarán su percepción del Congreso, pero sí se tragarán cualquier sospecha contra el Ejecutivo.
El Gobierno también sabe manejar a su provecho la crispación ideológica de mucha gente, en especial, del empresariado que empieza a creer que la rigidez de la cuarentena ha sido un golpe deliberado del Gobierno de raigambre izquierdista de Vizcarra. Francamente no le veo esa raigambre, no huelo ese aroma o mal olor; pero el que quiere oler huele, y a los extremos de ese amplio sector fue dedicado el ‘bluff’ presidencial de expropiar las clínicas.
Todos los días se expropia en el Perú. Incluso, hubo en los años de crecimiento y megaproyectos una prédica y un lobby empresarial para hacer más expedita la normativa que lo permite. La construcción de carreteras, por ejemplo, demanda muchas expropiaciones que traban los proyectos con largos juicios. Por poner dos ejemplos, es el caso de la ampliación de la Ramiro Prialé y de la nueva pista del Jorge Chávez. El DL 1366 de julio del 2018, fue un paso adelante para que el Estado pudiera ejecutar obras sin esperar el resultado de los juicios. Ahora, tanto o más que las expropiaciones de predios, son las interferencias de otras obras, de agua o luz, que traban los megaproyectos.
Valga el sainete de la semana pasada, que provocó una reacción gratuita de la Confiep, y fricciones entre sus socios, para concluir que mal nos hace tomarnos con calentura ideológica esta época de ajustes que no por severos llevan el sello de un radicalismo político. Maduremos.
