Tal parece que la única promesa que cumplirá Keiko Fujimori (de todas las que formuló durante la campaña del 2016) es aquella en la que aseguró que “ningún candidato de apellido Fujimori” participaría en las elecciones del 2021. Se trata de una lectura realista, aunque no definitiva, de lo que podría ocurrirle a la lideresa de la principal fuerza de oposición política si analizamos cómo evoluciona su situación en el Poder Judicial. Tanto el Caso Cocteles como el presunto financiamiento irregular de su campaña por parte de Odebrecht aún se encuentran en su etapa inicial, por lo que no se puede concluir cuál será su desenlace legal. Sin embargo, políticamente sí hay efectos que comprometerían seriamente sus posibilidades de llegar al poder.
En ese sentido, la confesión de Jorge Yoshiyama Sasaki admitiendo que orquestó a pedido de su tío Jaime un esquema de ‘pitufeo’ para disfrazar aportes irregulares y consignar falsos donantes –por varios cientos de miles de dólares, cuando menos– es un potentísimo misil contra la línea de flotación política de Fuerza Popular (FP). Legalmente, el fiscal tendrá la enorme tarea de demostrar que hubo delito de lavado de activos –lo que algunos juristas consideran que no se logrará establecer con certeza– y que la línea de “lavado” operó con el auspicio de la propia candidata. El fujimorismo insiste en que Keiko ignoraba todo aquello. El problema es que políticamente esa podría ser una ruta de defensa suicida. Y por varias razones, veamos:
Primero, porque Jaime Yoshiyama era candidato a la Segunda Vicepresidencia en la plancha de Keiko, alguien de su absoluta confianza. Él acaba de admitir que recibió cientos de miles de dólares de empresarios que no querían aparecer como donantes. ¿Alguien de tanta cercanía y confianza podía actuar por la libre en un tema tan sensible como el financiamiento de la campaña? Segundo, porque el recurso de “el líder ignoraba lo que hacían sus colaboradores más cercanos” ya se ensayó tiempo atrás –sin éxito– respecto a la relación Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. ¿Se insistirá en que Keiko –y sus más cercanos alfiles, como Figari y Vega– no tenía conocimiento, que todo ocurría a sus espaldas? Más allá de si legalmente se logra sostener este punto, políticamente será explotado por sus adversarios. “Era su vicepresidente, ¿y ella no sabía nada?”. Y tercero, súmense las nuevas declaraciones de potenciales testigos protegidos que tocan la puerta de la fiscalía con variada evidencia.
En este panorama, su recuperación política con miras al 2021 es prácticamente nula. Y la aparición de un nuevo liderazgo naranja, incierta. Kenji Fujimori, suspendido del Congreso y denunciado por la compra de votos a cambio del indulto a su padre, es otro ausente. La bancada de FP parece camino a un “¡sálvese quien pueda!” que se traducirá en un archipiélago de intereses en pugna.