La economía por decreto

Desde enero de este año Pro Inversión ha reducido su cartera de proyectos de inversión en más de 65% (IPE). De proyectos valorizados en US$2.466 millones hemos pasado a una cartera de US$841 millones. De los cuales solo un proyecto se ha adjudicado en lo que va del año: el PTAR Titicaca por US$263 millones.

Es cierto que parte de la causa de estos retrasos se halla en el miedo generado en el funcionario público para firmar, tras los destapes de Lava Jato y los excesos cometidos contra estos por la contraloría (ver mi artículo “No entres, no pienses”). Y también es verdad que la propia crisis política ha impedido que el Gobierno haya priorizado la promoción de la inversión privada.

Pero ni el actual gobierno ni el anterior han respaldado la inversión privada como motor de desarrollo. De hecho, desde el 2015 hemos caído del puesto 35 al 68 en el ránking del Doing Business.

Cuando uno piensa en inversión privada, tiende a considerar a los proyectos extractivos y a los grandes proyectos de infraestructura. Y en estos casos es cierto que puede haber un costo político que asumir (e.g. Tía María). Algo que, como hemos visto, el actual Ejecutivo no está dispuesto a asumir.

Pero la falta de voluntad política del Ejecutivo por promover la inversión privada no se limita a los grandes proyectos de inversión. No estamos promoviendo ni siquiera inversión privada allí donde no hay conflictos sociales, ni grupos informales potencialmente opuestos a que una empresa formal entre al negocio.

Veamos el caso del cannabis medicinal. El 23 de febrero del 2019 se aprobó (con un año de retraso) el reglamento de la ley de cannabis medicinal. Tras lo cual se estableció que las empresas interesadas en participar en la producción debían certificarse como laboratorios y obtener las licencias de producción correspondientes frente a la Digemid.

El pequeño detalle está en que, para tramitar dichas licencias de producción, las empresas tienen que elaborar hasta cuatro planes a ser supervisados o verificados por entidades públicas como la Dirandro del Mininter y el Minagri… quienes, nueve meses después de aprobado el reglamento, aún no incluyen estos procedimientos en su TUPA. La conclusión es que la inversión privada en este sector –como en otros– está detenida, y detenidos están el empleo directo e indirecto, y los recursos fiscales que generarían también.

La inversión privada prácticamente no ha crecido desde el 2014 y esto explica por qué el nivel de pobreza se ha estancado en 20,5% desde el 2016.

Cuando la cautela es generalizada, y abarca prácticamente a cualquier iniciativa de atraer inversión privada, ya se trata de indolencia. No basta entonces con emitir decretos creando más obligaciones o prohibiciones (medicamentos, RMV, fusiones, etc.); se necesita remangar la camisa –y no solo para las inauguraciones– y meterse al día a día de la gestión para destrabar.