¿Quién fiscaliza al Ejecutivo?

Tras la disolución del Congreso, no solo importa que el Ejecutivo “gobierne”. También fiscalizar su trabajo, a fin de evitar que el poder casi absoluto que ostenta lleve a malos funcionarios a cometer irregularidades.

La labor de fiscalización del Congreso ha permitido, por ejemplo, hallar indicios de la existencia de una organización criminal dirigida por Orellana (2015). Así como encontrar 25 irregularidades insubsanables en la concesión vía expresa del Callao, que suscribió Kouri (2008).

¿Esta labor solo debe ser realizada por los medios en estos cuatro meses? Los miembros de la Comisión Permanente (CP) tienen un papel clave, a fin de lograr cierto equilibrio democrático hasta la elección del próximo Congreso.

Se puede plantear una objeción legal válida. Ni la Constitución ni las leyes les otorgan la función de realizar acciones de fiscalización; como pedir información a funcionarios públicos, citarlos a declarar a comisiones investigadoras, etc.

De hecho, bajo una mirada legalista los 27 miembros de la CP de un Congreso disuelto solo podrían recibir los decretos de urgencia del Poder Ejecutivo, a fin de examinarlos y elevarlos al próximo congreso. Nada.

Pero los congresistas de la CP siguen teniendo la facultad de representarnos, que es una de sus funciones primordiales. En esa línea, por ejemplo, el INPE declaró hace poco que “los únicos congresistas facultados para realizar visitas en los establecimientos penitenciarios en el ejercicio de sus funciones son los que integran la CP”, dando a entender que tienen más atribuciones que solo la de recibir decretos de urgencia.

Mal haría el Ejecutivo en excusarse en argumentos meramente legales, para impedir que estos congresistas ejerzan un rol de fiscalización, aun cuando para hacerlo tenga que interpretar que lo hacen para cumplir con el derecho de acceso a información pública que tiene cualquier ciudadano común.

Cuando el fujimorismo acumuló poder, se la pasó tres años poniendo como excusa –para que no lo acusen de obstruccionista– el estar actuando dentro del marco de las siempre interpretables leyes.

Al presidente se lo ha percibido de un modo semejante, cuando ostentando mucho poder, ha abogado en la práctica porque el TC no admita a trámite la acción competencial de la CP por razones de forma.

A nadie más que a Vizcarra le conviene poder demostrar que su gobierno no está abusando de su poder. Atender rápidamente los pedidos de información de los congresistas de la CP, y reunirse con ellos para dar las explicaciones correspondientes, sería una buena señal que solo requiere voluntad política.

Necesitamos soluciones políticas –no legales– para equilibrar en algo la actual concentración de poder.