La modificación de la ley de partidos políticos aprobada por la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, que convierte el esquema público de unas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de los partidos políticos para elegir candidaturas a diversos cargos en una de tres alternativas, pero no en la vía obligatoria para escoger postulantes, es una muestra más del secuestro al que estamos sometidos los ciudadanos por parte del Parlamento.
Coincido en que la reciente decisión del pleno del Congreso de aprobar en primera votación la creación del Senado y la posibilidad de reelección de congresistas y otras autoridades, si bien impopulares, apuntan en la dirección correcta de fortalecer al denominado primer poder del Estado, desde una perspectiva institucionalista.
En este caso, haber tomado la decisión más acertada para nuestro precario sistema político se alinea con los intereses de los actuales legisladores, que tendrían la opción de optar por una curul en cualquiera de las futuras dos cámaras, aunque con muy escasas opciones. He ahí la razón de los 93 votos.
No obstante, la profunda crisis de representación que atravesamos requiere de reformas constitucionales adicionales, en aras de un cambio real y no un maquillaje. He ahí la importancia de, por ejemplo, apuntalar la creación de distritos electorales uninominales o binominales para acercar el control sobre los parlamentarios y la rendición de cuentas. O de la renovación por tercios o mitades del Congreso como un mecanismo de autooxigenación y de mitigación de su inevitable pérdida de legitimidad.
Y, por supuesto, otra pata de la mesa es el fortalecimiento de los partidos abriendo el acceso a la población para que intervenga en los procesos de elección de sus candidatos de manera amplia y transparente, reduciendo esa gran brecha que los separa de la ciudadanía, neutralizando el uso y abuso de las cúpulas y conteniendo la atomización de organizaciones que terminan sirviendo a intereses particulares, personales y a veces ilegales.
Por ello, las PASO son una vía para fortalecer a los propios partidos y al sistema democrático. Pero la decisión de la Comisión de Constitución y Reglamento del Legislativo va en el sentido contrario, justamente, porque los que hoy toman la decisión con sus votos (una constante de los últimos 25 años) ven afectados sus intereses, que están por encima de los de más de 30 millones de peruanos.
Bajo ese secuestro estamos, del que solo nos podremos librar vía una movilización cívica y crítica por el futuro del Perú.
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