Justicia torcida

Desde que la corrupción y las economías ilegales controlan buena parte de la política en el Perú, la instrumentalización de la justicia (o judicialización de la política, ‘lawfare’) se ha instalado entre nosotros hasta nuevo aviso. Esto trae varios desequilibrios graves para nuestra débil democracia.

No solo afecta la política y la gobernabilidad. Somos un caso emblemático (seis presidentes en siete años, ministros y gabinetes que duran un respiro, cero opciones de formular reformas o políticas públicas, etc). Fiscales y jueces que terminan definiendo (para bien o para mal) el destino de cada minirrégimen. Hasta llegar a la severa parálisis económica en la que nos encontramos.

Como consecuencia de ello, no es difícil prever que el sentido de autoprotección del político corrupto o ilegal sea ir por el control de las instituciones de la administración de justicia y que quienes lideran estas últimas puedan cruzar el umbral (muy peligroso) de transar con los políticos “beneficios” mutuos para no perder sus cuotas de poder.

Esa es la trama que subyace a este conflicto entre el Congreso, el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia.

En este escenario, la correa de transmisión para buscar legitimar cualquier posición de ataque o defensa son los medios de comunicación. Muchas veces, a través de “oportunas” filtraciones que crean el terreno propicio o crítico para cualquier decisión de los operadores de justicia.

Lo anterior es algo a lo que estamos acostumbrados en la esfera de los personajes de la política. Pero este circuito perverso también está llegando a los privados (o no políticos, como se quiera ver) y, por ejemplo, tipos penales como el lavado de activos o la conformación de una organización criminal vienen siendo instrumentalizados como garrote en varios casos conocidos; es decir, como parte de las respectivas estrategias legales y no por su debida justificación.

Esto se debe no solo a que las penas son mucho más graves que en otros delitos, sino porque el simple titular en un medio de comunicación o una mención en las redes sociales refiriendo que una persona es “investigada” por estos motivos tiene “peso propio”, por llamarlo de alguna manera, así como los efectos legales que acarrean dichos procesos, aun cuando el resultado final sea el archivamiento.

Lo más lamentable es que la instrumentalización de la justicia avanza a la misma velocidad con la que la impunidad se consolida para los más importantes y verdaderos criminales y capos de las economías ilegales. Una terrible paradoja.