:quality(75)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elcomercio/c690532a-3331-417e-a5bf-fb607369ea47.png "Alexandra Rojas de la Torre")
Entre el 2017 y el 2021, el aporte de la minería significó el 16% del PBI nacional, de acuerdo con cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Este año, el sector ha demostrado un crecimiento sostenido. Así lo confirma la aprobación de 340 concesiones mineras en febrero, según el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, organismo adscrito al Minem.
Sin embargo, este desarrollo económico enfrenta el grave problema de la minería ilegal, que prescinde de los permisos administrativos determinados por las normas vigentes para equilibrar el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental.
Solo en Madre de Dios la extracción ilegal de oro ha destruido más de 50 mil hectáreas de bosques. Además, el vertimiento de mercurio en las fuentes de agua también ha afectado a los peces, un recurso alimenticio de los ciudadanos de las regiones amazónicas.
En este panorama complejo, los operadores jurídicos desempeñan un papel crucial: desde la elaboración de la legislación ambiental más adecuada para atraer la formalización hasta la defensa de los derechos de las comunidades afectadas por el incumplimiento de las normas.
Es necesario que los operadores jurídicos contribuyan a la creación de incentivos para la formalización de las actividades extractivas y el empleo eficiente de recursos. Es fundamental implementar normas que determinen la creación de sistemas que formalicen la minería artesanal y la pequeña minería, así como el trabajo interinstitucional del Estado para la ejecución de operaciones policiales de vigilancia e interdicción contra la minería ilegal y los delitos conexos.
