Inseguridad ciudadana: ¿De quién es la culpa?

La inseguridad ciudadana es un problema que afecta a todos los sectores de la sociedad y que perjudica la calidad de vida en nuestro país. En estos últimos años, las medidas tomadas no han sido suficiente y así lo muestran las cifras de diferentes encuestadoras que miden el nivel de seguridad.

En el Perú, como en toda Latinoamérica, el alto grado de este mal generado por la violencia y la delincuencia obstaculizan el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. El número de crímenes denunciados en Lima se elevó hasta los 160.200 el año pasado, comparado con la cifra registrada en el 2021, de 120.350 reportes.

En esa línea, los delitos informáticos aumentaron de 930 denuncias en el 2019 a 7 mil 734 en el 2023. Los casos de usurpación pasaron de 2 mil 469 denuncias a 4 mil 802 en el mismo período de tiempo. Estafas y otros fraudes registraron 12 mil 469 actualmente en comparación con los 3 mil 099 ingresados en el 2019.

Uno de los distritos más afectados por la oleada creciente de violencia ha sido San Juan de Lurigancho, donde el pasado 16 de septiembre sujetos arrojaron una granada en una discoteca e hirieron a 15 personas. Sin embargo, ¿cuál es el grave problema de la inseguridad? Evidentemente, que el sistema de seguridad ciudadana no funciona.

La inseguridad ciudadana, desde luego, tiene un efecto sobre las diplomacias entre las personas, pues destruye la confianza entre estas y su capacidad de relacionarse y trabajar conjuntamente.

Además, otro efecto que tiene hacia la sociedad es el daño a la infraestructura social que es muy perjudicial en las comunidades más pobres puesto que reduce la calidad de vida de la comunidad afectada. Son consideradas infraestructura social, por ejemplo, los hospitales y los colegios.

Ahora, para que la norma funcione y los delincuentes no sean liberados no basta con que se hagan leyes más rígidas, porque estas en nuestro país ya son bastante duras, sino que las instituciones se aseguren de cumplir con los planes estratégicos y demás protocolos establecidos.

Finalmente, es importante que se promueva una mayor participación ciudadana y se establezcan mecanismos de rendición de cuentas. Esto implica un enfoque integral que abarque desde la revisión de políticas y estructuras organizativas hasta la asignación de recursos con coordinación efectiva entre instituciones. Todo se basa en mala administración y escasez de conocimiento en funcionarios.