El principio básico de las políticas públicas en cualquier país es la reducción de brechas (‘gaps’) de oferta y demanda de servicios a la población. Por ejemplo, el Perú, uno de los países con mayor desigualdad en la región, presenta varias deficiencias en el acceso de recursos como el agua, la luz, el alimento y la educación; por lo que, en teoría, se supone que existen varias políticas públicas que deberían estar implementándose en la población. Sin embargo, la realidad es muy diferente a lo que se espera. La existencia de dos principales problemas históricos contribuye a este círculo vicioso que impide la correcta implementación de políticas públicas en la sociedad peruana: la corrupción y la informalidad.
El primero interviene mediante la priorización del enriquecimiento ilícito por parte de las autoridades nacionales y subnacionales en proyectos con pocos estudios técnicos y bajos beneficios significantes para las personas. El segundo problema se manifiesta a través del desorden y la dificultad para la cuantificación de las personas que necesitan realmente la asistencia del Estado.
Bajo esta perspectiva, es importante tener la presencia de la ciudadanía como vigilante y demandante de políticas públicas eficientes que realmente generen un impacto en el bienestar de la población. Para ello, podemos empezar revisando reportes con acceso público de la ejecución mensual del presupuesto público peruano mediante el portal web Consulta Amigable del MEF. Otra de las acciones que se pueden realizar es tener un mayor involucramiento en los proyectos de infraestructura de cada distrito y exigir el cumplimiento de plazos establecidos de construcción. Desde nuestra posición, podemos convertirnos en realizadores de políticas públicas (‘policymakers’) en el Perú.