Nada

El primer paso para avanzar hacia la solución de un problema que aqueja a la ciudadanía es detectar su existencia. Y hay que admitir que, en esa pisada inicial, este gobierno es imbatible. Puede que demore un poco, pero al final siempre se rinde ante la evidencia de que hay por ahí una demanda urgente de la población y anuncia que pondrá manos a la obra para atenderla. Que su empeño tenga resultados es ya un asunto distinto, pero por ubicar el incordio y hacer gestos que parecen encaminados a su superación no se queda. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con el desborde de la inseguridad y con el retraimiento de la inversión privada en el país. Lo primero mereció del Ejecutivo la declaración del estado de emergencia en diversos puntos del territorio nacional y lo segundo, una vibrante arenga del titular de Economía, Alex Contreras, a los empresarios congregados en la última CADE. Ambos esfuerzos, hay que decir, perfectamente inútiles en la consecución del fin que perseguían, pero, eso sí, llenos de energía. Y nos tememos que algo parecido es lo que habrá que comentar dentro de poco con respecto a los afanes de la presidente Boluarte y su equipo por reformar el sistema de justicia.

–La liga de la ídem–

La situación del sistema en cuestión es, efectivamente, desastrosa. Todos lo sabemos. Politizada y atravesada por la corrupción y la ineptitud, la administración de justicia en el país es una de las mayores causas de indignación para los peruanos de a pie. Y por eso se escucharon algunos cándidos aplausos cuando, no bien empezado el año, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, soltó la primicia. “Nuevamente se va a activar el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia”, proclamó. Para luego añadir que se estaba convocando con ese propósito a los máximos representantes de todos los sectores del Estado relacionados con tan noble tarea. El mentado Consejo, que existe en realidad desde el 2019, está conformado por los titulares del Ministerio Público, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, la Junta Nacional de Justicia, la contraloría y la Defensoría del Pueblo, a los que se suman las máximas autoridades del Gobierno concernidas en la materia: el ministro convocante, el premier y la mismísima mandataria. Algo así como los superamigos de la cosa pública o, literalmente, la liga de la justicia. Y, en la medida en que ese Consejo busca, según propia definición, impulsar reformas del sector, coordinar ejecución de políticas por parte de los integrantes del sistema y hacer seguimiento a la ejecución e implementación del proceso de reforma, los optimistas asumieron que ahora sí que se venía un vuelco definitivo en los predios de Temis. Bien sabido es que la unión hace la fuerza y la confluencia de esos pesos pesados de toga, fajín o banda no podía ser el preludio de otra cosa.

Las apuestas, además, se elevaron cuando, días después del anuncio, la cita se celebró en Palacio y, por tres horas, los convocados sesionaron a puerta cerrada. Desde afuera casi se podía escuchar el rumor de las mentes destilando la fórmula que acabaría con las arbitrariedades, las iniquidades y la desidia de los operadores de la justicia entre nosotros… Tras la espera eterna, la puerta finalmente se abrió y la jefe del Estado caminó decidida hacia el patio externo de la Casa de Pizarro, escoltada por el humo blanco que emanaba del salón donde había tenido lugar el cónclave. Frente a la prensa, entonces, pronunció un breve discurso en el que lo más extenso fue el saludo y agradecimiento a cada uno de los concurrentes, y que fue coronado con un gerundio tan esperanzador como impreciso. “Aspirando [a] que, de los acuerdos y el trabajo en la línea de tiempo que nos hemos propuesto hoy día y con las metas a cumplirse, tengamos esa reforma de justicia de acceso a la población”, dijo. Y listo. Eso es todo, amigos.

En las graderías, previsiblemente, se produjo un incómodo silencio… Pero, para alivio de todos, poco después, el ministro Arana fue más explícito. “¿Qué hemos hecho el día de hoy?”, se preguntó retóricamente en una entrevista. E inmediatamente se respondió. “Lo más importante, reunir a los actores del sistema de justicia. Para nosotros era muy importante, después de dos años, escuchar […] cómo ellos han evolucionado en el tiempo y cuáles son sus nuevas propuestas”. Agregó también que habían acordado que cada sector evalúe los acuerdos previos y disponga cuáles son los temas prioritarios, con cargo a revisar todo ello en la próxima reunión, que se realizará a más tardar en la segunda semana de marzo; es decir, dentro de dos meses. “Lo que queremos es que la justicia no espere”, sentenció con probable ironía.

Una nota de prensa divulgada el mismo día trató de aportar detalles relevantes sobre el contenido y los compromisos adoptados por el Consejo, pero fue solo un poco más de hojarasca burocrática para cubrir la desnuda verdad sobre lo que la esperada reunión nos había dejado: nada.

–Otárola dixit–

Días atrás, el premier Otárola dijo algo que hasta ahora no se sabe cómo no le ha costado el puesto y que puede aplicarse muy bien a toda esta situación. “En realidad parece una broma, pero no lo es: acá lo que ocurre es que estamos bajo el liderazgo de la presidenta de la República”, afirmó. Y tiene razón. Parece una broma.