En enero del 2015, El Comercio publicó una serie de reportajes sobre la presencia confirmada de mineros que cruzaban la frontera desde La Herradura y operaban en suelo peruano. En uno de los reportajes, Juan Espinoza, un dirigente vecinal de La Herradura, dueño de una pequeña bodega pero que además se dedicaba a fundir oro, explicó que, por cuestiones geográficas, el oro en el lado ecuatoriano tiene entre 48% y 52% de ley (o sea, de pureza), y en el lado peruano alcanza el 69%.
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La presencia de mineros informales en la zona no era ninguna novedad: desde el 2003, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Defensa y la cancillería habían sido advertidos de esta situación. Además, en el 2005, el Ejército Peruano elaboró la nota de inteligencia militar 2394/D2/FE/CO, que decía lo siguiente: “Ecuador [...] continúa con el poblamiento de la frontera mediante la exploración de otros recursos, además de minería”.
Recién hubo reacciones concretas en abril del 2015, pocas semanas después de publicados los reportajes. A fines de ese mes, funcionarios peruanos y ecuatorianos se dirigieron al Cenepa y clausuraron los túneles.
La comitiva peruana estuvo encabezada por Antonio Fernández Jerí, quien en ese entonces tenía el cargo de alto comisionado de la oficina de Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental, y era quien lideraba las operaciones contra la minería ilegal en las regiones más afectadas del país.
Del lado ecuatoriano, el grupo estuvo encabezado por el subsecretario de Gestión y Eficiencia Institucional del Ministerio Coordinador de Seguridad, almirante Fernando Zurita. “Ambos países han hecho esfuerzos para supervisar de manera permanente el mantenimiento del cierre de estas bocaminas”, comentó Fernández Jerí, de pie junto a Zurita en la puerta de una bocatoma clausurada.
También participaron altos mandos de las Fuerzas Armadas peruanas, que ofrecieron reforzar la vigilancia en la zona. Esto lo cumplieron, y aumentaron de 6 a 15 los efectivos militares en el puesto de observación Tambo, el más próximo a la frontera. La consecuencia inmediata fue la notoria disminución de las incursiones de los mineros desde Ecuador.
Fernández Jerí recorrió esta misma zona el 28 de abril del 2017, ya no como funcionario del Estado Peruano, sino como consultor de una entidad privada. Lo que encontró lo dejó pasmado: algunos túneles que él mismo ordenó clausurar habían sido reabiertos, y se habían excavado otros nuevos, decenas de ellos. Además, el puesto de observación Tambo lucía completamente abandonado, y no había ningún militar en la zona.
Solo halló una bandera peruana vieja y sucia colocada de cualquier manera encima de lo que alguna vez fue un camarote. “Es parte del abandono de una política de Estado contra la minería informal”, comentó a su regreso a Lima.
La delegación que encabezó el vicegobernador Navas días después también notó la ausencia de militares peruanos en el lugar. Un teniente del denominado PV4 Antiguo (puesto de vigilancia ubicado a cinco horas a pie), con quien se entrevistaron en el camino, les confirmó que el PV Tambo había sido deshabitado, pero no dio mayores explicaciones.
Dos años después, las Fuerzas Armadas iniciaron el martes 15 de octubre un operativo contra la minería ilegal y delitos conexos en la zona con la participación de cien efectivos las FF.AA. y la PNP.
El operativo integrado se realizó en el Puesto de Observación El Tambo, donde hace varios años funcionaba la minera Afrodita, cuya licencia de funcionamiento fue cancelada. Luego de eso, las instalaciones habían sido tomadas por mineros ilegales procedentes de Perú y Ecuador.
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