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La noche del último lunes, el distrito costero de Samanco, ubicado solo a 20 minutos al sur de Chimbote y con una población de 4.500 personas, vio consternado cómo todas sus autoridades municipales eran detenidas por la policía. A ellos se los acusa de haber planificado la muerte del alcalde Francisco Ariza y de su abogado Henry Aldea para asumir mayor poder y así dirigir los destinos de este distrito, que –según el Ministerio de Economía y Finanzas– este año manejó un presupuesto de más de S/.4’900.000.
La alcaldesa encargada de Samanco, Fanny Mallqui Huamán, y los regidores Noemí Rubina, Carlos Bedón, Fanny Medina y Jhonatan Solís fueron trasladados anoche a la carceleta de la Corte Superior de Justicia del Santa, donde pernoctaron junto a quienes serían los autores materiales del sangriento crimen.
Se conoció que anoche la Fiscalía Mixta de Nepeña ingresó al Poder Judicial el requerimiento de prisión preventiva por 18 meses para todos los miembros del Concejo de Samanco, hoy detenidos, y los cinco presuntos sicarios que habrían perpetrado el asesinato de Ariza y Aldea.
La Corte del Santa programó para esta tarde, a las 3 p.m., la audiencia para evaluar el pedido fiscal. Según los hallazgos de la Policía Nacional y el Ministerio Público, existen suficientes indicios para probar la participación de los detenidos en el crimen.
La solicitud de prisión preventiva alcanza también al ex alcalde de Samanco, Teodoro Jaime Casana Escobedo, elegido en comicios pero sin asumir el cargo por una sentencia en su contra, y a su abogado, Carlos Bazán Castro. Ambos hasta ayer seguían siendo buscados. Incluso, la fiscalía de Nepeña y la policía allanaron en la vivienda de Casana y encontraron una escopeta calibre 14 y una pistola calibre 38, así como documentos de la actual gestión municipal y celulares.
Esta mañana, la presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal del Santa, Nancy Moreno Rivera, consideró que el móvil del crimen fue la corrupción, pues -según dijo- de acuerdo a los indicios la disputa no fue por el poder, sino de un mismo grupo político. En ese sentido, la magistrada instó al Poder Judicial a acoger el pedido del fiscal a cargo del caso.
Nancy Moreno afirmó que por las pruebas encontradas y por tratarse de un caso emblemático los acusados podrían recibir la pena de cadena perpetua.
