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El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializado de Delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso que el exgobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, y otras 49 personas afronten un juicio oral por el caso La Centralita.
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La jueza María Álvarez Camacho, a cargo del proceso, también ha incluido la resolución de auto enjuiciamiento, emitido el 4 de febrero de este año, a la Constructora Nolberto Odebrecht, al canal 25 que tenía la denominación comercial Nueva Corporación del Norte, a la empresa A&E Áncash Telecomunicaciones y a la compañía Ilios Producciones de Martín Belaunde.
Luego de que concluyeran las audiencias de control de acusación, que se realizaron de febrero a diciembre pasado, la Corte Superior Nacional de Justicia Penal ha determinado que 50 de las 60 personas que fueron imputadas pasen a la etapa de enjuiciamiento, que aún no tiene fecha de inicio.
El Ministerio Público ha pedido 30 años de prisión para César Álvarez por los presuntos delitos de corrupción, asociación ilícita para delinquir, violencia y resistencia a la autoridad y lavado de activos.
A la exautoridad regional, recluida en el penal de Cochamarca, se le sindica de encabezar una organización criminal dedicada a desfalcar los recursos del Gobierno Regional de Áncash entre el 2007 y el 2014. Esta red estaba conformada por los aparatos de prensa, social, legal, político y de fuerza.
Según la hipótesis fiscal, la mafia operaba desde un centro de operaciones denominado La Centralita, ubicado en un edificio de la urbanización La Caleta, en la ciudad de Chimbote, donde se planificaban acciones contra los opositores de Álvarez Aguilar y los sobornos a jueces, fiscales y periodistas.
En la relación figuran Luis Arroyo Rojas, exalcalde de Chimbote; Milagros Asián Barahona, esposa de César Álvarez; Ángel Álvarez Aguilar, hermano de la exautoridad regional; Martín Belaunde Lossio; los excongresistas Heriberto Benítez Rivas, Víctor Crisólogo Espejo y el actual consejero regional de Pallasca, Martín Espinal Reyes.
La nómina incluye a exfuncionarios y extrabajadores del Gobierno Regional de Áncash: Dirsse Valverde Varas, Luis Arroyo Guevara, Hernán Molina Trujillo, Pamela Bermúdez Rodríguez, Arnulfo Moreno Corales, Edwin Gamarra Barrera, José Carmen Ramos, Felipe Bermúdez Mendieta, Víctor Cerna Baes (fallecido), Evaristo Chauca Huete, Leonidas Cortez León, Carmina Cortez Roque, Julinho Aguirre Soto, Patricia Cárdenas Avalos, Kelly Pineda Bermúdez y Jorge Luis Barreto Burgos.
Así como a periodistas y exdirigentes de construcción civil: Juan Espinoza Linares, Víctor López Padilla, Sandor Renilla Horna, Nelson Vásquez Baca, Juan Sánchez Oliva, Víctor Revilla Yengle, Russel López Sánchez, Danilo Meléndez Ponce, Máximo Milla Inca, Modesto Mondragón Becerra, Santos Monzón Faustino, Rosa Olivares de la Cruz, Manuel Paucar Obregón, Carlos Crisólogo Saavedra, Jorge Martínez Núñez y Hugo Mayo Cortez.
La resolución también agrega a Juan Calderón Altamirano, denunciante del caso La Centralita, y al exfuncionario de la ONPE, José Cavassa Roncalla. También a Eladio Rupay Tarazona, Regina Soto Pajuelo, Luis Villaverde Robles, Abel Ramírez Huayaney, Antonio Rodríguez Meyzen, Alejandro Esquivel García, José Zúñiga Pereda y Mario Fatelevich, ciudadano israelí.
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