Según los comuneros de Cotabambas, unas 500 personas tienen denuncias debido a las protestas contra la minera Las Bambas. (Foto: Antonio Álvarez)
Según los comuneros de Cotabambas, unas 500 personas tienen denuncias debido a las protestas contra la minera Las Bambas. (Foto: Antonio Álvarez)

El último miércoles, en una reunión entre el Ejecutivo y las comunidades de la provincia de Cotabambas (Apurímac) para hallar una solución al conflicto en torno a la empresa minera MMG Las Bambas, se acordó, entre otros puntos, la elaboración y presentación de un proyecto de ley de amnistía para los comuneros denunciados debido a su participación en las protestas contra la minera. 

De acuerdo con las comunidades, unas 500 personas han sido denunciadas en los años 2011, 2015, 2016, 2017 y 2019. En el acta de acuerdos, Richard Arce, congresista por Apurímac (Nuevo Perú), quien participó en la reunión, indicó que promoverá este proyecto de ley en el Parlamento en el plazo de un mes. 

Arce, en diálogo con El Comercio, precisó que una ley de amnistía es “bastante compleja”, por lo que merece ser evaluada tomando en cuenta el inventario de casos que están judicializados y las instancias en que se encuentran. 

“Estamos en esa etapa de análisis. Debemos tener información real respecto a la cantidad de personas que estarían siendo criminalizadas por la protesta. Ver qué tipo de delitos se pueden amnistiar. Somos respetuosos del marco jurídico [...]. Lo más importante es que este puede ser el punto de partida para generar una reflexión mayor en el Parlamento para modificar estas leyes que criminalizan la protesta”, dijo el congresista. 

Cuestionamientos

La congresista Karina Beteta (Fuerza Popular) se mostró en contra de que se presente un proyecto legislativo de esta naturaleza. “Con ese criterio, mañana nos toman todo el país y vamos a tener que vernos presionados en el Congreso para tener que amnistiar a todos. Esto se vuelve peligroso porque no olvidemos la creciente presencia del narcotráfico y terrorismo”, dijo.

Agregó que esto podría generar un precedente riesgoso. “[El conflicto] es un tema que ha generado el Ejecutivo y por lo tanto ellos deben resolverlo y no trasladar el problema al Congreso”, comentó.

Iván Lanegra, ex viceministro de Interculturalidad, opinó que “sobre cualquier tipo de amnistía, hay que previamente discutir cuáles son los límites de esta”. Indicó que se debe evaluar qué garantías se ofrecerán en esta norma “para evitar que se afecte a terceros”.  

El analista político, Enrique Castillo, sostuvo que un proyecto de ley con estas características podría generar “graves consecuencias políticas, sociales, legales”. También indicó que su proceso de aprobación podría tener problemas de orden legislativo. 

Respaldo técnico

En el acta firmada el miércoles, se precisa que la propuesta del congresista Arce será coordinada con el gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón. Además, el Ministerio de Justicia se compromete a brindar soporte técnico y asistencia legal a la propuesta.

El último jueves, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, coincidió en que esta propuesta es “un tema bastante complejo”, que tiene como punto de partida un procedimiento legislativo. 

“El congresista [Arce] se ha comprometido a ello, pero esto no evita que pase por comisiones, se recaben opiniones técnicas y finalmente [llegue] al pleno. Estos procedimientos van a determinar a quiénes va a tener como beneficiarios [la ley], qué tipos penales, cuáles son los plazos. Además se pedirá opinión técnica y jurídica al Minjus”, dijo a RPP Noticias. 

Arce dijo a este Diario que el Ministerio de Justicia les facilitará información para sustentar la exposición de motivos del proyecto de ley, que será presentado por la bancada de Nuevo Perú. 

-¿Qué se firmó en la última reunión?-

Instalación. El miércoles 24 de abril se instaló la primera mesa técnica para revisar los acuerdos asumidos con las comunidades de Cotabambas. Se trata de la mesa de trabajo de justicia y derechos humanos.

Respuesta. El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, se comprometió a dar una respuesta en una semana a las viudas y personas que han quedado heridas debido a los conflictos sociales en la zona.

Investigación. La OCMA designará, en dos semanas, un equipo de jueces que llegará a Cotabambas para investigar las denuncias.

Contenido sugerido

Contenido GEC