Las Bambas: comuneros se oponen a traslado de heridos de Fuerabamba

Un total de 32 civiles y 12 policías resultaron heridos el último jueves en los enfrentamientos reportados en las instalaciones de la minera cuprífera MMG Las Bambas, en Apurímac, entre la Policía Nacional, personal de seguridad contratado por la empresa y comuneros de Fuerabamba que intentaban tomar el territorio que reclaman como suyo.

LEE TAMBIÉN | Las Bambas: PCM convoca a comuneros de Fuerabamba y Huancuire para instalar mesa de diálogo este 7 de mayo

Al menos un civil, habitante de la comunidad campesina, resultó herido por presunto impacto de proyectil de arma de fuego (PAF). Pese a su estado, no pudo ser trasladado a un hospital del Cusco por presión de un exdirigente.

El Comercio accedió al acta de entrega de documentos del día de ayer, en la que el responsable del Centro de Salud Nueva Fuerabamba, Fredy Vásquez Torres, informa a la comisaría de Challhuahuacho y a la Fiscalía Provincial Mixta de la misma localidad que tres heridos ingresaron a dicho establecimiento el miércoles 28. Efraín Rojas Paniura, de 40 años, era quien presentaba herida por PAF en el hombro izquierdo y requería inmediata transferencia a un centro médico especializado. Sin embargo, Vásquez advierte que Gregorio Rojas, familiar directo del herido, se opuso al traslado “a fin de completar su medida de protesta incluso con la muerte de algunos pobladores”. Los familiares de los otros dos heridos se sumaron al pedido de Rojas, quien añadió que se “encuentran en guerra”.

Gregorio Rojas es el expresidente de Fuerabamba que en marzo del 2019 fue detenido en Lima junto a los hermanos Jorge y Frank Chávez Sotelo, asesores de la comunidad, como parte de investigaciones sobre la presunta organización criminal Los Chabelos, acusada de extorsionar a Las Bambas. El 29 de marzo de ese año, ocho días después de la detención, fue liberado luego de que el fiscal contra el crimen organizado de Abancay informara que no se encontraron elementos de convicción sobre su participación en la extorsión. Días después, el Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva para los hermanos Chávez Sotelo.

Pagos a dirigente

Uno de los argumentos de la minera Las Bambas sobre la irregularidad del reclamo de la comunidad de Fuerabamba es que cumplieron con las compensaciones económicas por el reasentamiento de unas 500 familias. Sobre Edison Vargas, actual presidente de Fuerabamba, aseguran que se le entregó S/1,5 millones como parte de un convenio firmado con él en noviembre del año 2014 a cambio de su traslado a Nueva Fuerabamba. En el convenio, verificado por un notario de Paruro, se señala que para el momento de la suscripción se habían pagado S/ 773 mil y quedaban pendientes S/582 mil y un bono por otros S/200 mil, cuya copia de los cheques fueron enviados a este Diario como prueba.

Sin embargo, Vargas niega haber recibido dichos montos. En conversación telefónica con El Comercio, el dirigente de Fuerabamba señaló que se trataba de “calumnias” por parte de la empresa y pidió que muestren los documentos por dichos pagos. Más adelante, vía mensajes de WhatsApp, reconoció haber recibido 582 mil soles luego de ver las copias de los cheques, pero no el millón y medio que habla la empresa. Los mensajes fueron borrados minutos después. “Todo es mentira”, dijo finalmente respecto a los pagos.

Para el exviceministro de Gobernanza Territorial Paulo Vilca la discusión sobre el conflicto no debería reducirse en los pagos sino al cumplimiento de los otros compromisos con las comunidades de su área de influencia. “El tema central es si la mina cumplió con los más de 240 compromisos con las comunidades. Reducir el conflicto a vouchers y montos de dinero no contribuye en nada a solucionar el problema”, dijo a este Diario.

Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, coincidió en que las discrepancias que han derivado en el conflicto tienen relación con el cumplimiento de los compromisos. “La Defensoría propuso en la última reunión la conformación de una comisión mixta que revise las bases de datos de MINEM, de la empresa y de la comunidad para identificar esas discrepancias y realizar las verificaciones que corresponda y enseguida exigir el cumplimiento”, dijo.

Al respecto, la empresa asegura que se trata de 264 compromisos, de los cuales “143 ya están completados, 66 se ejecutan todos los años (son actividades recurrentes) y 55 están programados para este año y el próximo”.

Civiles con implementos de la PNP

En los enfrentamientos reportados el jueves se contó con la participación de unos 670 agentes de la policía “para dar garantías”, según indicó el comisario de Challhuahuacho, mayor PNP Juan Pablo Chenet. Ese día se evidenció la presencia de personal privado contratado por la empresa con implementos de seguridad de la Policía Nacional. En un video difundido en redes sociales, un grupo de civiles contratados denuncia que se encontraban con temor de ser atacados y que habían sido llevados con “engaños”.

Sobre el uso de equipo policial, la minera La Bambas dijo que esta fue proporcionada “formalmente mediante un acta de entrega de la PNP” para garantizar la seguridad del personal y que el hecho “se encuentra bajo investigación”. “Las heridas y contusiones de un alto número de personas, así como la maquinaria pesada e instalaciones de la empresa destruidos a lo largo de los días 27 y 28 de abril dan cuenta de la violencia ejercida por los invasores”, señalaron.

Conflicto a la deriva

Para Vilca, el gobierno de Pedro Castillo no está cumpliendo su rol de facilitador de diálogo entre las comunidades y la mina. “No hay una estrategia clara para abordar el conflicto, el MINEM ha perdido su voz y la PCM va por su lado, pareciera que cada sector tiene su propia lógica de intervención cuando se necesita una estrategia conjunta. Es evidente que la empresa ha perdido confianza en el gobierno”, dijo.

En su opinión, que las comunidades de Challhuahuacho no hayan expresado antes una posición antiminera – a partir de los recientes enfrentamientos el presidente de Fuerabamba recién ha pedido la salida de la mina – evidencia que las discrepancias tienen que ver con asuntos relacionados a retribuciones económicas y servicios como educación o salud. En ello radicaría la oportunidad de llegar al diálogo, pero no contribuye la precariedad con la que actúa el Ejecutivo.

“En los últimos meses ha habido un deterioro del diálogo y eso obedece a que no ha habido una estrategia adecuada de parte del poder ejecutivo. Desde el inicio de este gobierno han habido varias gestiones, varios tipos de mensajes y se han debilitado los equipos de los sectores. El conflicto es nuevo, pero es más precario todo ahora”, añade.

En esa línea, Rolando Luque señala que es necesario que el Gobierno intente “tomar contacto con la comunidad de Huancuire y enseguida con la de Fuerabamba para recomponer la relación y el diálogo”. Para ello ve indispensable que se analicen los compromisos y, si las comunidades consideran que hay algún asunto que renegociar, que lo planteen y de haber asuntos pendientes sobre propiedad recurrir al Poder Judicial.

“No hay nada viable en medio de la violencia. Así que si hubiere algún nuevo intento de producir daños, ocupar instalaciones o enfrentarse a la policía deben desistir de ello. Nada bueno puede salir de allí”, opina.

Ayer, la PCM anunció un Consejo de Ministros Descentralizado en Cotabambas, Apurímac, cuya fecha se fijará en la mesa de diálogo a la que han convocado a la comunidad de Fuerabamba y Huancuire, y Las Bambas para el día 7 de mayo a las 11:00 horas, “la cual puede desarrollarse en Lima o en Tambobamba, a elección de la comunidad” indicaron en un comunicado.