Cada mes, la Corte Superior de Justicia de Arequipa, a través de sus siete juzgados, dispone entre 1.800 a 2.000 medidas de protección a mujeres que sufren violencia de parte de sus parejas. El presidente de la Corte, Carlo Magno Cornejo, indicó que desde noviembre de 2018 a noviembre del presente año se han registrado 25.000 medidas, de los cuales el 40% son de riesgo severo.
En Arequipa, a diferencia de otras regiones, el trámite para una medida de protección demora 24 horas. La responsable del Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres, Gina Canales, explicó que la disposición judicial dura hasta que exista un pronunciamiento del Ministerio Público. Señaló que en los casos graves también se dictamina una pensión provisional para los hijos en tanto se realice el proceso de alimentos.
“Cuando se trata de riesgo leve y moderado los magistrados exhortan a la pareja para que no se repita la agresión. El varón regresa a la casa porque no se trata de destruir familias. Cuando es riesgo severo y hay agresión, amenaza de muerte se dispone el retiro inmediato del agresor y éste no debe acercarse a la víctima” agregó.
Más protección
Las medidas de protección superan en número a la cantidad de policías que deben dar el resguardo, por ello desde este viernes las mujeres que soliciten un medida de protección cuyos casos sean calificados de riesgo severo se les instalará en su equipo celular el botón de pánico.
El botón de pánico es un App que se instala sólo por mandato judicial en el teléfono móvil de las víctimas. Ante la amenaza de una nueva agresión, bastará que apriete el botón rojo de su teléfono y en tiempo real, las centrales de monitoreo la policía, geolocalizarán su ubicación y acudirán a prestar ayuda inmediata.
La presidenta de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, Elvia Barrios llegó hasta Arequipa para habilitar la herramienta tecnológica y advirtió que si los policías no acuden al llamado de la víctima serían sancionados.
Cifras nacionales
Elvia Barrios explicó que en el 2016, en el primer año de vigencia de la Ley 30364, a nivel nacional se otorgaron 109.370 medidas de protección. En el año 2017 se incrementó al 71%, entregando 187.888 medidas. En el 2018 creció en 30%, subiendo a 245.624 medidas de protección entregadas por jueces de familia.
De enero hasta octubre de este año se presentaron 254.000 solicitudes de medidas, pero se han entregado 214.253 disposiciones.