Conocida la decisión del Consejo de Minería, un grupo de pobladores se reunió para protestar. (Foto: Zenaida Condori)
Conocida la decisión del Consejo de Minería, un grupo de pobladores se reunió para protestar. (Foto: Zenaida Condori)
Redacción EC

El Consejo de Minería (CM), ente autónomo adscrito al Ministerio de Energía y Minas (Minem), falló a favor de que se apruebe la licencia de construcción del proyecto minero , en , que estará a cargo de la empresa Southern Perú.

De este modo, declaró improcedentes los tres recursos de revisión presentados por el Gobierno Regional de Arequipa, el Frente de Defensa de Chucarapi y la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, a fin de que se declare nula la Resolución N° 328-2019 del Minem, que el pasado 8 de julio autorizó la construcción del proyecto en los distritos de Mejía y Cocachacra, en la provincia de Islay.

En un tramo de la carretera Panamericana Sur, cerca de Chucarapi, se registró un enfrentamiento entre manifestantes y policías que dejó al menos 5 detenidos.

—El proceso—

Entre el 19 y 31 de julio, el gobierno regional, el Frente de Defensa de Chucarapi y la junta de usuarios del valle interpusieron sus recursos de revisión ante el consejo, que fueron admitidos a trámite.

En esos días, exactamente el 24 de julio, el presidente de la República, Martín Vizcarra, se reunió en Arequipa con el gobernador Elmer Cáceres Llica y otras autoridades para dialogar sobre Tía María. En un audio difundido luego, se escuchó al mandatario decir: “Lo que hay que hacer es revertirlo, revertirlo también administrativamente”.

El 8 de agosto, el CM resolvió suspender la Resolución N°328 porque el conflicto social había escalado y “existía riesgo de pérdida de vidas humanas” en la zona. Así, la autorización para el proyecto minero quedó en vilo hasta que la entidad decidiera sobre los tres recursos de revisión. Se programó entonces una audiencia oral para el 7 de octubre donde las partes debían exponer sus argumentos.

Ese día, por el gobierno regional habló el abogado Walter Paz, quien explicó tres puntos específicos de su recurso: que Southern había perdido derechos para la servidumbre en 49 hectáreas del terreno destinado al proyecto; que había una superposición entre algunas zonas de uso minero (canteras) con el ecosistema frágil N° 32 de las lomas de Cachendo, aprobado en el 2018 por el Serfor, que constituye un “área prioritaria” para la conservación; y que “no existe autorización para el uso de agua de mar” en la operación minera.

Por la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, su abogado cuestionó que la Resolución N° 328 y el informe técnico que la sustentaba se hubieran expedido el mismo día (8 de julio), lo que consideró “físicamente imposible”. También recordó que la Ofi cina de las Naciones Unidas de Servicio de Proyectos (Unops) realizó 138 observaciones al primer estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto, por lo que este era “inviable”.

Tras ello, el CM tenía hasta el martes 29 de octubre para emitir sus resoluciones sobre los tres recursos. La conclusión principal –tal como se conoció ayer– fue que estos se declararon improcedentes.

—Decisión del consejo—

El Comercio accedió a la resolución del consejo sobre el recurso presentado por la Junta de Usuarios del Valle de Tambo. En el documento, la entidad adscrita al Minem consideró que los argumentos de la junta (entre ellos, que la operación de Tía María “atentaría contra la población, el ecosistema y la biodiversidad” del valle) eran “de índole ambiental y social” y no tenían “nexo alguno con los aspectos técnicos mineros referentes a la construcción” del proyecto.

Según el consejo, esos argumentos no acreditaban “la afectación efectiva y directa” de algún derecho individual. Sobre los intereses difusos (de la población en la zona), concluyó que tales derechos “no pueden ser invocados para cuestionar la resolución” del Minem, porque para ello tendría que acreditarse primero una afectación individual; lo que no pasó.

Por esa razón, el consejo declaró improcedente su recurso de revisión. Jesús Cornejo, presidente de la junta, dijo a este Diario que la resolución del CM “demostraba una evidente parcialización a favor de Southern”.

—Reacciones—

Una vez que se difundió la decisión general del consejo, Cáceres Llica anunció que el gobierno regional recurrirá al Poder Judicial para revertirla. Precisó que su despacho todavía no había sido notificado. “Ya no tenemos Poder Legislativo, no hay Congreso y, prácticamente, el Ejecutivo está dictaminando a su antojo lo que quiere”, dijo a periodistas locales.

En tanto, Southern Perú confirmó, a través de un comunicado, que reiteraba su compromiso de iniciar el desarrollo de Tía María cuando exista un clima social más favorable, e indicó que seguirán trabajando de la mano de la población para dar a conocer sus beneficios.

“Con este fallo no solo se da viabilidad a la ejecución de un proyecto que tendrá un impacto positivo para el desarrollo de la provincia de Islay, la región Arequipa y el Perú, sino que también se da una buena señal a la comunidad de inversionistas, mostrándonos como un país que apuesta por su crecimiento económico”, dijo el vicepresidente de Finanzas y CFO de Southern Copper, Raúl Jacob.

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía también saludó la decisión del consejo, a la que consideró “una importante señal que permitirá dinamizar la inversión minera y la economía nacional”.

En conferencia de prensa, el primer ministro Vicente Zeballos señaló que el Gobierno “no va a imponer Tía María si no existen las condiciones ambientales y sociales para su desarrollo”. Además, refirió que desde hoy una comisión del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) hará una supervisión documentaria en la zona para evaluar si las condiciones de viabilidad del estudio de impacto ambiental del proyecto aún siguen vigentes.

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