Gobierno prorrogó presencia de las Fuerzas Armadas en Islay

El Gobierno prorrogó la presencia de las Fuerzas Armadas en la provincia de Islay, Arequipa, desde el 22 de agosto hasta el 20 de setiembre, según señala la Resolución Suprema N° 158-2015 del Ministerio del Interior. Cabe recordar que una norma previa había autorizado la presencia de los militares desde el 23 de julio hasta mañana, 21 de agosto, una vez culminado el estado de emergencia por las violentas protestas contra el proyecto Tía María.

De acuerdo a la resolución publicada en normas legales del diario oficial “El Peruano”, la medida se determinó por requerimiento de la Policía Nacional del Perú (PNP). Ello “con el fin de  asegurar el control y mantenimiento del orden interno y evitar actos de violencia o cualquier ilícito que se pudiera cometer con ocasión de las movilizaciones y cualquier otro tipo de acto vandálico”.

Protestarán frente a Perumin 2015
En las últimas semanas, tras el levantamiento del estado de emergencia que duró 60 días en Islay, dirigentes han anunciado nuevas protestas. Incluso, en una asamblea en la plaza San Francisco de Cocachacra, pobladores del valle del Tambo acordar continuar con vigilias contra el proyecto minero Tía María.

Además, convocaron a una marcha de protesta para el próximo 23 de setiembre; es decir, tres días después de que culmine la prórroga de la presencia de las Fuerzas Armadas en Islay. La movilización se realizará durante la Convención Minera Peurmin 2015 en la ciudad de Arequipa.

Al respecto, el jefe policial de Arequipa, Luis Blanco Ridoutt, señaló que se ha coordinado con los organizadores de Perumin para establecer anillos de seguridad en torno al campus de ingeniería de la Universidad Nacional de San Agustín, donde se llevará a cabo el evento.

Sobre las FF.AA.
La resolución detalla que la actuación de las Fuerzas Armadas buscará contribuir y garantizar la plena vigencia del derecho a la libertad y seguridad personales, a la libertad de tránsito por las vías y carreteras, el derecho a la paz, a la tranquilidad, el adecuado funcionamiento de los servicios públicos esenciales y resguardar puntos críticos vitales para el normal desarrollo de las actividades de la población afectada. En ese sentido, se precisa que no se releva la participación de la Policía Nacional del Perú (PNP), pues sobre esta recae el control del orden interno en todo momento. 

“La intervención de las Fuerzas Armadas, conforme a la presente Resolución Suprema, no implica en modo alguno la restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú, las leyes y los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Perú es parte”, dice la norma.

Las violentas protestas contra el proyecto Tía María duraron 61 días desde el 23 de marzo. Dejaron 4 muertos (tres civiles y un policía), así como decenas de heridos y detenidos.