Inconclusa carretera a La Joya deja pérdidas por S/86 millones

Once años, tres gobernadores regionales y dos empresas concesionarias no bastaron para culminar la construcción de la autopista que debía conectar a las ciudades de Arequipa y La Joya. Aunque esta obra inició en el 2005, hasta el momento solo se han construido 16,65 kilómetros de un total de 41. Es decir, la obra está avanzada apenas en un 41%.

De acuerdo a un informe que divulgó hoy la Contraloría General de la República, los errores, las omisiones y la negligencia de varias gestiones regionales han ocasionado pérdidas al Estado calculadas en S/86 millones. No obstante, en esta cadena de hechos también hay responsabilidad de las empresas privadas que se hicieron cargo de la construcción.

LA HISTORIA SIN FIN DE UNA CARRETERA

Según la Contraloría, en el 2005 el Gobierno Regional de Arequipa –a cargo de Daniel Verla Ballón- decidió construir la autopista Arequipa – La Joya para descongestionar el tráfico de la variante de Uchumayo. La Joya es uno de los 29 distritos que conforman la provincia de Arequipa y tiene aproximadamente 30 mil habitantes.

Solo 16 kilómetros de un total de 41 se han construido de la carretera Arequipa - La Joya. El objetivo era descongestionar la variante de Uchumayo. (Fuente: Contraloría General de la República)

Para realizar la obra, el Gobierno Regional convocó a una licitación para dar en concesión la carretera. Esta se entregó a un único postor que debía construir la autopista en un año e iba a invertir 30 millones de dólares a cambio de la concesión por 30 años. Firmado el contrato, el concesionario no acreditó solvencia económica ni capacidad técnica para la construcción. Así, por tres años incumplió sus obligaciones.

Pese a estos errores, el Gobierno Regional de Arequipa –esta vez al mando de Juan Guillén Benavides- permitió que la empresa ejecutora “venda” la concesión a un tercero. Esta nueva empresa pagó medio millón de dólares al concesionario que nunca cumplió sus compromisos.

Con una nueva empresa al mando, los errores se volvieron a repetir. El nuevo concesionario no logró el financiamiento requerido. Se vencieron los plazos y no se realizó ni siquiera el expediente técnico. En mayo del 2009, mediante una adenda irregular, se cambió la modalidad de la obra de “autofinanciada” a “cofinanciada”. Así, el Gobierno Regional de Arequipa se comprometía a aportar 36 millones de dólares y asumía la elaboración del expediente técnico.

En setiembre del 2009, el nuevo concesionario presentó un perfil técnico de la obra que subía el costo total a 82 millones de dólares. Es decir, 173% más de lo calculado por el Gobierno Regional (que era de 30 millones de dólares). Aun así, la carretera no vio la luz.

Los desacuerdos entre el gobierno regional y el concesionario condujeron a un arbitraje. Arequipa ganó, pero el laudo nunca se ejecutó. Los incumplimientos siguieron hasta setiembre 2010, que se acordó la resolución de contrato y se otorgó al concesionario S/ 7,4 millones de indemnización.

Ese año, además, el Consejo Regional de Arequipa acordó también hacer la obra por administración directa. Sin embargo hay evidencia de que desde mayo 2010, antes del acuerdo, el Gobierno Regional de Arequipa estuvo ejecutando la obra de manera irregular. Según Contraloría, el gobierno regional financió nuevos estudios, invirtió en compra de maquinaria, adquirió insumos, realizó transacciones no reguladas, llegando hasta el cierre y liquidación de la obra en marzo del 2013.

Asimismo, la Contraloría determinó que parte de los fondos que corresponderían a la obra fueron canalizados irregularmente a gasto corriente (pagos de planillas y otros).

Estos son los perjuicios al Estado que detectó la Contraloría. (Fuente: Contraloría General de la República)

Si desea leer el informe completo de la Contraloría, haga click aquí.

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