Tía María: los factores detrás del conflicto (INFORME)

La mañana del 27 de marzo los peruanos nos sorprendimos cuando el director de Relaciones Institucionales de Southern Perú Copper Corporation (Southern), Julio Morriberón, anunció en RPP el retiro definitivo del proyecto minero Tía María de Arequipa. 

De acuerdo con el funcionario, esto se debía a dos motivos: “en primer lugar, la arremetida de un nuevo tipo de terrorismo, el terrorismo antiminero [...]. En segundo lugar, la parálisis del Estado en su rol de promover las inversiones y dar las garantías necesarias para que se pongan en marcha”.

No obstante, tan solo horas después, la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, aclaró que el presidente del directorio de Southern, Óscar Gonzales Rocha, saldría ese mismo día a rectificar lo dicho por el vocero. Y así lo hizo. 

Pero sus declaraciones no fueron suficientes para calmar las aguas, pues todavía existe mucha incertidumbre acerca de la viabilidad del proyecto.

Independientemente de si las declaraciones de Morriberón fueron una estrategia de la empresa o si él decidió hacer un anuncio sin consultar –tema que no abordaremos en esta ocasión–, alrededor del proyecto Tía María se han tejido una serie de cuentos y mitos. 

Y para entender realmente lo que está pasando es necesario separar la paja del trigo. 
Debemos retroceder en el tiempo y analizar cómo es que Southern ha operado a lo largo de los años, su relación con la población, el rol de los dirigentes antimineros y la ausencia del Estado.

Humo negro
Cuando Southern empezó sus operaciones en los años cincuenta, contaminó severamente la costa producto de sus procesos de fundición y la creación de relaves.
Para Darío Oviedo, director de Servicios Ambientales de Southern, “es innegable que las chimeneas emanaban un humo negro que afectó el valle de Ilo”.

Pero Oviedo explica que esto debe ser entendido dentro de un contexto histórico ya que en esa época no existían tecnologías limpias ni las exigencias de protección del medio ambiente que tenemos hoy, por lo que la tendencia era fundamentalmente aumentar la producción sin tomar en cuenta factores medioambientales.

Con el objetivo de minimizar estos daños, a principios de los años noventa, Southern empezó, de manera unilateral, a implementar nuevas tecnologías e invirtió más de US$500 millones en modernizar la planta de fundición de Ilo. 

Pese a estos esfuerzos, lo real es que todavía muchas personas tienen vivos recuerdos de esas enormes nubes negras lo cual, hasta la fecha, ha afectado la imagen y credibilidad de la empresa. 

Génesis del problema
Los primeros trabajos de exploración empezaron en 1994 y no es hasta el 2007 que Southern anuncia un plan de inversiones.

En julio del 2009, la empresa presentó al Estado un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el cual recibió una serie de observaciones, entre las cuales el uso del agua era el tema más sensible. La población asumió que el agua que destinaban a la agricultura se usaría en las operaciones de la minera.

Esta situación se agravó con los cambios de posición de Southern. En un primer momento la empresa señaló que usaría agua de pozos subterráneos, pero la gente rechazó esta alternativa. Luego, la empresa propuso hacer represas, lo que también fue rebatido. 

Carlos Aranda, gerente técnico de Southern, reconoce el desacierto: “Cuando hicimos el trabajo la primera vez no hicimos las cosas bien. Seamos honestos: la población nos veía como muy soberbios”.

En abril del 2010 se realizó un paro en contra del proyecto Tía María. Para noviembre de ese año, las manifestaciones fueron in crescendo. 

El entonces ministro de Energía y Minas Pedro Sánchez decidió contratar a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) con el propósito de evaluar el EIA.

El 16 de marzo del 2011, Unops presentó un informe con 138 observaciones, que indicaba, entre otras cosas, que no se contaba con un estudio hidrogeológico (de agua y suelo). 

Pocas horas después de la entrega del informe, este fue filtrado vía correo electrónico a uno de los dirigentes del Frente de Defensa del Valle de Tambo. 

Dada la controversial información, ese mismo día se desataron violentas protestas. Hubo tres muertos y medio centenar de heridos. 

Ante este conflicto y los resultados del EIA, el 8 abril, el Gobierno declaró inadmisible el estudio de impacto ambiental. 

La confianza de Abraham
El proyecto estuvo suspendido en los primeros años del gobierno del presidente Humala por el miedo generado con la gran transformación. 

Pero Tía María es un proyecto altamente rentable –incluso a los actuales precios del cobre–. Es así que Southern decide seguir adelante con el proyecto y presenta un nuevo EIA que incorpora las observaciones de Unops. 

Además, la empresa se comprometió a no utilizar agua del río Tambo y aseguró que se obtendría mediante la desalinización de agua de mar. 

Por otro lado, se contrató a Julio Morriberón para hacer un exhaustivo trabajo de campo con la población y varios funcionarios se mudaron al valle. 

La actual gobernadora de Arequipa, Yamila Osorio, declaró a El Comercio que, a pesar de los esfuerzos de la empresa, “para ese entonces había demasiada desconfianza por la contaminación histórica y el mal manejo con la población”, al punto que en la audiencia pública (requisito indispensable para obtener el EIA) hubo un gran descontento.

No obstante, en agosto del 2014, el EIA fue aprobado. Según fuentes del Ministerio de Energía y Minas (Minem) que prefirieron no ser citadas, este estudio cumple con todos los requisitos de acuerdo a ley.

Sin embargo, para Yamila Osorio, ni el Estado ni la empresa han hecho un trabajo adecuado para explicar la diferencia entre el primer y el segundo EIA. Para ella, este nivel de desinformación ha generado un espacio para que opositores ganen fuerza, lo cual se potenció cuando Morriberón hizo referencia al “terrorismo antiminero” en la zona. 

Tirios y troyanos
Si bien los errores de la empresa son evidentes, también es cierto que hay quienes han capitalizado esta situación para empujar agendas personales. 

Este hecho no es desdeñable si tomamos en cuenta que en Arequipa aproximadamente la mitad de la población –según una encuesta de Apoyo– está de acuerdo con la minería (cifra alentadora en comparación a un 10% de respaldo en Cajamarca).

En esa línea, la gobernadora Osorio comentó a El Comercio que ha recibido una carta firmada por Patria Roja, el MAS, el Partido Comunista del Perú y Tierra y Libertad en la que se le pide que diga “no” a la minería.  

Para la gente de Tierra y Libertad, la minería no es una actividad económicamente viable. Para ellos es irrelevante que los EIA confirmen que los proyectos mineros no representan un peligro para el medio ambiente, lo cual dificulta cualquier tipo de diálogo.
Y varios dirigentes de las protestas, como Helar Valencia y Jesús Cornejo Reynoso –alcalde de Cocachacra y presidente de la Junta de Usuarios de Riego del Valle de Tambo, respectivamente–, han establecido una relación cercana con Marco Arana, quien ha movilizado gente desde Cajamarca. 

De igual manera, hemos visto cómo el congresista por Cajamarca Jorge Rimarachín fue a sumarse a la propuesta y a azuzar a la población y pidió al presidente Humala que elimine todas las concesiones que ha hecho el Gobierno. 

Las motivaciones políticas e ideológicas explican en gran medida la negativa de algunos dirigentes a participar en la mesa de diálogo instalada por el Gobierno.

El Estado Pilatos
Los discursos radicales funcionan con más fuerza cuando el Estado no ha cumplido con sus obligaciones y cuando la gente siente desconfianza de una empresa. 

En el caso de Huancavelica, por ejemplo, operan las mineras Cobriza, de propiedad de Doe Run, la mayor productora de cobre que copa el 93% de la producción, y la empresa minera Buenaventura, con producción de cobre, plomo, zinc, plata, oro.   Los hogares de distritos mineros comparados con los no mineros, según un informe de Macroconsult del 2011, tienen menores tasas de analfabetismo y desnutrición infantil, mayor esperanza de vida e ingresos superiores en casi 36%.

Sin embargo sigue siendo la sétima región más pobre del país y el Estado no ha sido eficaz en utilizar los recursos fiscales generados por la minería para mejorar los servicios que presta a sus ciudadanos 

Cuando uno conversa con los agricultores del Valle de Tambo, no sorprende escucharlos decir: “Las empresas se llevan el mineral, se hacen ricas y ¿qué me dejan a mí? Mi situación no ha cambiado en los últimos 30 años”.

Existe un motivo adicional por el cual los agricultores de Islay se verían afectados con el proyecto minero: la construcción elevaría los sueldos de los peones debido al incremento en la demanda por mano de obra de la zona. Los costos de contratación de los agricultores se elevarían.

¿Crucifixión?
Los directivos de Southern han expresado que seguirán adelante y el Estado ha reaccionado con el envío de cuatro ministros a explicar el proyecto. 
Sin embargo, aún existe mucha incertidumbre acerca de la viabilidad de Tía María y, para la gobernadora de Arequipa, todavía hay mucho trabajo por hacer y no es claro cuándo el proyecto podría empezar. 

*En colaboración con Ariana Lira y Elody Malpartida