Una docena de agentes del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas (Depotad)-Tarapoto participó en la captura de Gregorio Santos. (Foto: PNP)
Una docena de agentes del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas (Depotad)-Tarapoto participó en la captura de Gregorio Santos. (Foto: PNP)

Por aproximadamente dos meses, el exgobernador de Cajamarca y prófugo de la justicia, , permaneció escondido en una rústica vivienda en el centro poblado Trancayu, a 20 minutos en moto de la ciudad de Rioja, en la región San Martín.

Sí, soy yo. Estoy pedido. Solo trátenme bien, por favor”, fueron las palabras de Santos tras la acometida policial en la que participaron doce agentes policiales del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas (DEPOTAD) de Tarapoto.

Santos se encontraba prófugo de la justicia desde enero luego de ser condenado a 19 años y 4 meses de prisión por los delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión simple y agravada.

El exgobernador contrató a dos pobladores para que le lleven víveres y algunos medicamentos para el dolor muscular. Fue ese inusual movimiento lo que confirmó el paradero de Santos.

En la vivienda hallamos S/ 5 mil, dos celulares y una laptop, así como bidones de agua y restos de alimentos enlatados. Santos lucía descuidado y asustado”, precisó el comandante César Ramírez Santillana, jefe de la DEPOTAD Tarapoto.

Santos fue conducido a la instalación de la DEPOTAD para la diligencias preliminares conforme a ley. Tras ello fue puesto a disposición de la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia (DIVICAJ), con sede en la ciudad de Tarapoto.

—El caso—

Santos fue declarado como reo contumaz el pasado 14 de enero por el Juzgado Penal Colegiado Nacional Especializado en Delitos de Corrupción, que dispuso su orden de captura. Fue incluido en el programa de recompensas del Ministerio del Interior por S/ 100 mil.

El juez Guillermo Huamán Vargas, presidente del tribunal que juzgó a Santos, sentenció, en primera instancia, al exgobernador y otros procesados por irregularidades en licitaciones de obras que se llevaron a cabo durante su gestión entre el 2011y el 2014.

Los delitos que se le imputan son colusión agravada (8 años de cárcel y una reparación civil de S/ 500 mil), asociación ilícita para delinquir (7 años y 4 meses, y una reparación civil de S/ 50 mil) y colusión simple (4 años y una reparación de S/1 millón).

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