Judith Terrones, de ascendencia japonesa, ahorró casi un millón de soles con su pareja y una hermana tras años de esfuerzo en el trabajo. Este dinero se encontraba en la Cooperativa de Ahorro y Crédito AELU (Aeluccop) y estaba destinado para su jubilación y el pago de los estudios superiores de su hijo. Sin embargo, el sueño de toda una vida se vio frustrado en el 2021 cuando se enteró de que la cooperativa había sido intervenida y cerrada.
Terrones es una de las más de 20 mil socios de Aelucoop afectados por la administración fraudulenta de fondos a manos de exfuncionarios y directivos. En la madrugada del sábado pasado, se detuvo a los presuntos responsables de uno de los mayores fraudes financieros de la historia reciente de nuestro país.
El Operativo al detalle: más de 20 detenidos
Como parte de la investigación denominada ‘Los gánsters de las finanzas’, el 30 de noviembre, el segundo despacho de la Fiscalía Supraprovincial Contra la Criminalidad Organizada realizó un operativo contra 52 investigados, acusados de pertenecer a la presunta organización criminal relacionada a Aeluccop.
Las diligencias se llevaron a cabo en Lima y Piura. Inclusive, el personal del Ministerio Público tuvo que usar una escalera e ingresar por la ventana de una casa en Pueblo Libre para detener a uno de los principales implicados: Ruyer Miguel Zeballos Hatakeda.
Intervención de la casa de Miguel Zeballos. Foto: Fiscalía.
El empresario es señalado por la Fiscalía de ser el presunto líder de la organización criminal. Zeballos ejerció la función de gerente general de Aelucoop entre el 2009 y el 2019. El Ministerio Público también apunta a Pedro Miyasato Arakaki como otro de los cabecillas.
Según la tesis fiscal, del 2009 al 2021, funcionarios, directivos y socios de Aelucoop conformaron una organización criminal utilizando como vehículos de inversión a empresas inmobiliarias creadas por ellos mismos para acceder a créditos fraudulentos en provecho propio.
La Fiscalía estima que la cifra de socios agraviados es de 20.709. “El perjuicio económico ocasionado por el otorgamiento de créditos fraudulentos en agravio de Aelucoop y sus socios asciende a S/410 millones 622 mil 273,59 y USD 79 millones 663 mil 364,40, calculado al 19 de abril de 2024″, señaló la Fiscalía. Es decir, la cifra supera los 709 millones soles.
El operativo inició a las 4:00 a.m. e incluyó el apoyo del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grupo Grecco) de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Como se recuerda, a fines de 2022, El Comercio reveló cómo operan ciertos grupos dentro del mundo de las cooperativas financieras: mientras algunas son confiables, otras están en la mira por operaciones sospechosas, y un tercer grupo ha sido creado exclusivamente para estafar a sus socios, quitándoles todo su dinero hasta dejarlos sin recursos siquiera para pagar un abogado. Este oscuro panorama fue detallado en el episodio 11 del microprograma #PasaEnLaCalle de El Comercio:
Alcalde de Chulucanas sigue prófugo
Como resultado del operativo, solo se intervino a 22 de 23 personas con detención preliminar. De acuerdo con información de la fiscal Mercado Zavala, la persona que no se encontró en su vivienda fue Richard Baca Palacios, actual alcalde provincial de Chulucanas, en Piura. El burgomaestre está acusado de obtener préstamos valorizados en 9 millones de dólares y presentar como garantía terrenos que no eran de su propiedad.
Lista de 23 personas con detención preliminar. Foto: Alonso Ramos.
“De las 23 personas, se han detenido a 22 personas y uno no se ha logrado detener, pero sí se está haciendo la intervención de su domicilio. Se trata del alcalde provincial de Chulucanas, en Piura, de nombre Richard Baca Palacios, quien ha pedido préstamos y ha defraudado a la cooperativa. Anteriormente, Baca Palacios era asesor, luego logra ser socio, sacaba préstamos por nueve millones de dólares y presentaba como garantía terrenos en Piura que no son de su propiedad”, señaló la representante del Ministerio Público.
Así también, el alcalde es señalado de haber utilizado fondos de Aelucoop para financiar su campaña política.
El dinero de los socios habría sido desviado de forma irregular a empresas inmobiliarias vinculadas a los miembros de la cooperativa sin una previa calificación crediticia. La Fiscalía tiene en la mira a las empresas de los grupos Baca, del hoy prófugo alcalde de Chulucanas, y el grupo Fox, liderado por el empresario Fernando Fox Sam.
“Los grupos Baca y Fox obtenían préstamos de la cooperativa de manera fraudulenta, sin devolver los montos prestados, lo que generaba un daño considerable a los socios”, detalló la fiscal Mercado.
Los detenidos enfrentan cargos por organización criminal, financiamiento por medio de información fraudulenta y otros delitos.
Además, Mercado Zavala precisó que otro de los objetivos de la Fiscalía con esta intervención era recabar información importante, que presuntamente los directivos habrían escondido.
“El objetivo de la intervención es encontrar documentos porque los directivos al ser intervenidos por la SBS se han llevado la documentación importante, pero nos damos con la sorpresa que en ambos domicilios hay una caja fuerte. Ambos procesados indican que se han olvidado la clave o no se acuerdan”, agregó.
Este Diario llamó intentó comunicarse con la cooperativa en tres ocasiones a través de su número telefónico para obtener una versión oficial y su postura ante los recientes hechos vinculados a la institución. Sin embargo, no se obtuvo una respuesta.
El colapso de Aelucoop
En agosto del 2021, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) intervino y cerró Aelucoop debido a que esta entidad financiera agotó completamente su capital social y reservas, lo que supuso una pérdida de más de S/400 millones.
En ese contexto, Óscar Basso, superintendente adjunto de cooperativas de la SBS, declaró que la institución detectó que la información contable y financiera que presentó Aelucoop tenía irregularidades.
“Las acciones de control permitieron identificar que en los últimos años de la gestión del gerente general, Miguel Zevallos, se venía manipulando la información contable de la entidad con el propósito de esconder la verdadera morosidad, mostrar ingresos y utilidades que no son las reales. Es decir, mostrar un patrimonio sobrevalorado”, informó Basso sobre los motivos del colapso financiero de la entidad.
¿Qué pueden hacer los socios perjudicados?
Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School, explicó a El Comercio que los ahorristas de AELU no tendrán acceso al Fondo de Seguro de Depósito (FSD). “El FSD fue creado en 1991 para cubrir a cuatro familias que eran supervisadas por la SBS: bancos, financieras, cajas rurales y cajas municipales; la SBS supervisa a las cooperativas desde el 2019, cuando por ley se exigió que se inscriban. Como no tienen acceso al FSD, crearon el Fondo Cooperativo, que estará vigente desde el próximo año solo para las cooperativas que hayan realizado dos años de aporte al fondo”, detalló.
Sin embargo, Carrillo precisó que Aelucoop tampoco califica para acceder al Fondo Cooperativo, pues solo participarán de él las cooperativas que operan actualmente. En consecuencia, el experto en finanzas mencionó las dos alternativas que tienen los ahorristas de Aelucoop.
1
Recibir parte de la liquidación de la cooperativa:
Esta opción implica esperar la culminación del proceso de liquidación de Aelucoop. En este proceso, se venderán los activos de la cooperativa, como locales, equipos, vehículos y los créditos pendientes de cobro. Los fondos recaudados serán distribuidos entre los afectados, aunque es probable que solo cubran una fracción del monto perdido.
2
Esperar la recuperación de bienes embargados a los directivos
Otra posibilidad es que, tras la investigación de las autoridades, se determinen responsabilidades penales en los directivos de Aelucoop. Esto podría dar lugar al embargo y remate de propiedades, vehículos u otros bienes personales de los implicados. Los fondos generados por estos remates serían destinados a compensar a las víctimas, siempre que se pruebe la culpabilidad de los responsables detenidos.
“Les queda esperar a recibir una parte de la liquidación de Aelucoop, es decir, de la venta de locales, equipos, vehículos, créditos, etcétera. Otra alternativa es esperar que, producto de la investigación de las autoridades, reciban dinero del remate de vehículos y propiedades embargadas que podría realizarse ante la posible culpabilidad de los directivos detenidos”, explicó. “Va a ser muy difícil que todos los afectados recuperen todo el dinero que ahorraron”, subrayó.
Carrillo precisó las personas que ingresan su dinero a una cooperativa técnicamente no son clientes ni ahorristas, como ocurre en un banco, financiera o caja municipal. “Ellos también son socios, es decir, son parte de los dueños y eso otorga otro grado de responsabilidad. Por ejemplo, deberían conocer los estados financieros de la cooperativa o fiscalizar a los directivos”, indicó.
Cómo se crearon más de 10 cooperativas financieras que terminaron con miles de estafados
Diez cooperativas en Perú, encabezadas por Finansur Perú, han dejado a miles de ahorristas en la ruina. Este caso es solo una muestra de un esquema sistemático de estafas vinculado a Hipólito Batallanos Anccasi, empresario señalado como la mente detrás de esta red. Según la carpeta fiscal 600-2022-62, Batallanos controló al menos 13 cooperativas, incluyendo Credicoop Arequipa y Sayani Ltda., mediante una red de familiares y socios que ocupaban cargos clave. Estas cooperativas fueron creadas bajo la apariencia de instituciones legítimas, pero su verdadero propósito era despojar a los ahorristas de sus fondos.
El modus operandi incluía atraer clientes con promesas de altos intereses, pagando inicialmente, pero dejando de cumplir tras un tiempo. A fines de 2021, la SBS intervino Credicoop Arequipa, descubriendo un agujero patrimonial de S/373 millones. Asimismo, Finansur Perú también cerró dejando a más de 4,000 afectados, muchos de ellos pacientes con cáncer, adultos mayores y familias que habían invertido sus ahorros de toda la vida.
Brígida Basilia Zapata Ramos, pareja de Batallanos, también está implicada. Su red incluía a familiares que ocupaban posiciones directivas en varias cooperativas, perpetuando las estafas. Algunos ahorristas, desesperados por recuperar su dinero, investigaron y denunciaron elecciones de directivos con firmas falsas y prácticas fraudulentas.
El problema se agrava por la limitada supervisión previa a 2019, cuando las cooperativas no estaban obligadas a reportar a la SBS. Aunque actualmente hay un marco regulador, la supervisión de las cooperativas pequeñas sigue siendo básica, permitiendo que casos como estos sigan ocurriendo.
La SBS señala que algunas de estas cooperativas no cumplen con los requisitos para acceder al fondo de seguro de depósitos, dejando a los afectados sin cobertura. Mientras continúan las investigaciones, miles de peruanos enfrentan pérdidas devastadoras.
