Casos de mortalidad por COVID-19: ¿por qué el Minsa y el Sinadef manejan diferentes cifras?

Tener un registro actualizado de las personas fallecidas por COVID-19 es imprescindible para modelar estrategias que permitan atenuar la expansión del virus. En todo el mundo, no obstante, los sistemas de salud han tenido problemas para llevar la contabilidad exacta. El Perú no es la excepción. El domingo, la ministra de Salud, Pilar Mazzeti, dijo que hasta el momento la cifra de fallecidos por el nuevo coronavirus a nivel nacional ascendería 25.000 personas, es decir, 7.000 casos más a los reportados por el Ministerio de Salud (Minsa).

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El incremento se debe a que, siguiendo la sugerencia que realizó la comisión encargada de actualizar la cifra de fallecidos por el COVID-19, se empezará a reportar el número de muerte como “casos sospechosos”.

Desde abril este equipo independiente de expertos se encarga de subsanar el desfase que hay entre el conteo oficial y la cifra real de fallecidos por el nuevo coronavirus en el país.

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“Hemos añadido sospechosos, por ejemplo, hoy hay 18.000 fallecidos en total, se han añadido 7.000 sospechosos (…) En total 25.000 confirmados y sospechosos”, expresó Mazzetti en una entrevista al dominical Punto Final.

Por otro lado, la titular de salud mencionó también el desfase existente entre el registro que publica cada día el Minsa y el del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), que contabiliza más de 43.000 fallecidos. ¿Pero por qué en el país se manejan dos cantidades distintas con números tan diferentes?

Casos confirmados y sospechosos

En el caso de la epidemia por COVID-19, el Perú maneja dos sistemas de información de mortalidad, uno es el de notificación epidemiológica y el otro es el Sinadef. El primero informa sobre los fallecidos confirmados con una prueba de laboratorio, y este dato es el que usa el Minsa para reportar los casos oficiales a la Organización Mundial de la Salud. El segundo no tiene como base una prueba diagnóstica, sino solo la sospecha del médico que llena el registro de defunción.

Cesar Cárcamo, epidemiólogo y miembro del grupo Prospectiva, explica que los certificados de fallecimiento en el pasado eran una herramienta de poca utilidad para el manejo de epidemias porque se llenaban en papel y tardaban hasta dos años –luego de la defunción– en llegar al Ministerio de Salud, donde se digitaban los resultados. El 2017 se implementó el nuevo sistema electrónico del Sinadef, que ha ido mejorando tanto en calidad como en cobertura y que actualmente es bastante completo. La gran ventaja es que en el momento en el que el médico llena el certificado de defunción en línea la información ya está disponible en Lima para su análisis.

La desventaja, apunta el experto, es que lo que se registra es en base al criterio médico, que no necesariamente es correcto, pues muchas veces son solo sospechas. Alguno de estos casos van a confirmarse, pero otras van a quedarse solo como sospechosos. Cada una de esas muertes la revisará un equipo de epidemiólogos para confirmar si la defunción fue realmente por coronavirus.

Con respecto a las 43.000 muertes que registra el Sinadef, Cárcamo explicó en una entrevista a Canal N que la cifra incluye a los 17.000 confirmados y a otros que pueden o no ser casos de coronavirus.

“No podemos llamar fallecido por COVID-19 a alguien en quien no se ha demostrado la presencia del virus. Hay definiciones de caso para que una persona cumpla para ser reportado como COVID-19, y eso no es una invención del Perú, es una norma internacional. Deben seguirse criterios epidemiológicos, clínicos y de laboratorio para ello”, comentó.

El experto puso el ejemplo de un paciente que fallece por una neumonía bacteriana. Cuando el médico lo ve, no sabe qué ha tenido porque la persona falleció en casa y no se le hizo ninguna prueba. No obstante, al conversar con los familiares llega a la conclusión de que podría ser un caso de COVID-19, por lo que lo registra como “sospechoso”.

“Algunos de estos [casos] se van a poder demostrar con el tiempo que sí eran, otros nunca se van a poder demostrar, porque hay personas que se han cremado sin que se les haya hecho la prueba”, acotó.

Cárcamo sostuvo que la cifra de 43.000 fallecidos es “un poco inflada”, pero es la mejor que se tienen hasta el momento situándose en el “peor escenario”. Además, resaltó que en base a ella se hacen las planificaciones.

Al respecto, la ministra Mazzetti precisó que la diferencia de 15.000 personas entre un registro y el otro se va a tener que aclarar poco a poco, ya que se debe realizar un “análisis de muerte”, el cual resulta muy laborioso debido a que hay que verificar cada historia clínica de los fallecidos, así como un trabajo de campo para los fallecimientos que ocurrieron fuera de los hospitales.

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