La corrupción causó crisis en cinco regiones durante el 2014

Los gobiernos regionales y municipales en el Perú siempre son una sorpresa. Sin embargo, lo ocurrido durante el 2014 en seis de ellos superó la fantasía: tres presidentes regionales presos (Cajamarca, Áncash y Pasco), uno con prisión suspendida (Cusco) y otro prófugo (Tumbes), así como un alcalde y su novia (Chiclayo) encarcelados, evidencian lo mal que elegimos a nuestras autoridades.

Como apunta José Ugaz, presidente de la Asociación Transparencia Internacional, los peruanos seguimos siendo permisivos al no denunciar los delitos, e inconsecuentes al renovar nuestra confianza en quienes admiten robar en carretilla, pero, ojo, comparten. 

“En la mayoría de casos de corrupción, el ciudadano sabe perfectamente lo que está pasando y de qué tipo de persona se trata”, dice Ugaz.

Las autoridades también lo saben. Ello, según reportes del Ministerio del Interior sobre nexos entre el narcotráfico y al menos 12 autoridades electas en octubre y diciembre pasado; o de la defensoría, que dio cuenta de 457 casos de peculado y colusión entre autoridades de Lima, Áncash, Ayacucho y Junín, en el período 2012-2013.

Los casos de Roberto Torres, César Álvarez, Gregorio Santos, Gerardo Viñas, Kléver Meléndez y Jorge Acurio han sido mediáticos y muy comentados. No obstante, como recuerda el contralor de la República, Fuad Khoury, ninguno era completamente desconocido, pues sus malos manejos habían sido advertidos en evaluaciones realizadas –contra viento y marea– por 1.200 auditores.

“Hay un terrible divorcio entre las autoridades a cargo de fiscalizar. La contraloría no hace prevención, nuestra labor es revisar después, ver si se cumplieron los contratos, quiénes y cómo participaron. Cerciorarse de que los responsables sean personas idóneas, con suficiencia moral y profesional, es tarea de la ciudadanía y el gobierno que dicta las leyes”, explica. 

BUROCRACIA RECURRENTE

Eduardo Vega, defensor del Pueblo, opina que las principales causas que aletargan la fiscalización de funcionarios y permiten que la corrupción continúe son la lentitud y complejidad de las pesquisas en el Ministerio Público y el Poder Judicial.

“Las investigaciones preliminares se extienden en promedio 275 días”, afirma.

Estos retrasos no solo permiten que varios plazos legales prescriban, sino que algunos de los investigados –como ocurrió con el prófugo ex presidente regional tumbesino, Gerardo Viñas o el ex alcalde chiclayano Torres y su pareja, Katiuskha del Castillo– pasen a la clandestinidad por tiempo indefinido.

Para Julio Arbizu, ex procurador anticorrupción, que los delitos de peculado, colusión, malversación y cohecho entre autoridades del interior del país hayan pasado de 19.181 casos en el 2013 a 21.272 en julio del 2014 confirma que el sistema tiene múltiples fallas.

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