La Montaña de Siete Colores en Cusco volvió a ser tendencia este fin de semana, pero esta vez por un conflicto entre pobladores locales que dio como resultado el asesinato de una persona y al menos cinco secuestrados, así como 19 detenidos preliminarmente. La crítica situación fue el punto de quiebre de un conflicto que suma tanto años como gestiones por el control del cobros de acceso a este llamativo destino turístico, que es administrado por la comunidad campesina de Chilihuani, la misma que está dividida en cuatro sectores.
No es la primera vez que la Montaña de Siete Colores se convierte en noticia por discrepancias, principalmente entre los propios sectores de la comunidad campesina (Chillihuani, Paucarpata, Tintinco y Llacto). En la mayoría de estos conflictos también actúan las autoridades, tanto locales como regionales. Ya en noviembre del 2023, la ruta de acceso al destino turístico por el distrito de Cusipata -la vía más accesible- fue cerrada hasta julio de este año. Edit Yépez, subprefecta del mencionado distrito, explicó a El Comercio que la situación de conflicto “se está arrastrando hace más de siete años y ha pasado por tres gestiones”.
Cabe precisar que existe otro ingreso a la montaña, cuyo nombre formal es Vinicunca, y se da desde la avenida El Progreso, saliendo del distrito de Pitumarca. Dicho esto, existen agencias que ofrecen caminatas de varios días que incluyen paradas en este atractivo turístico ubicado a poco más de cinco mil metros sobre el nivel del mar, llegando por otras rutas no convencionales. Asimismo, Yépez informó que al cierre de esta edición se había reunido a más de 33 policías en Cusipata para resguardar la zona.
Comunidad divida
“El conflicto nace por el tema de la cobranza (para el acceso a la montaña). Al margen de una ordenanza municipal planteada en el 2018, los pobladores han cobrado (el acceso) según la autonomía que ellos mencionan que tienen como comunidad campesina. La dificultad se ha dado porque ellos mismos, que se dividen en cuadro sectores, se han revelado entre sí”, detalló Yépez. Precisamente, se conoce que el conflicto ocurrido durante este sábado ha sido protagonizado por las autoridades de los sectores de Chilihuani y Llacto.
Si bien son los propios locales quienes han gestionado los puntos de cobranza -donde los visitantes pagan un promedio de diez soles-, por años, ellos mismos han denunciado una falta de transparencia en el manejo de los fondos recaudados. Así lo explicó la subprefecta, quien también comentó que existe una miseria en servicios básicos e infraestructura. Esta falta de información sobre el destino de los fondos recaudados y el afán por el control absoluto del Vinicunca es lo que ha incrementado los problemas en este distrito cusqueño. “Es la misma comunidad la que ha generado otra vez el conflicto, pero más ha sido el interés de un grupo de pobladores”, resaltó la entrevistada.
#IndecopiEnTodoElPerú 🇵🇪. Ante los recientes conflictos en Cusipata, Cusco, por administración de la montaña de colores ‘Vinicunca’, sede regional del Indecopi (Cusco) recuerda a proveedores turísticos que deben ofrecer información a los consumidores para garantizar su seguridad. pic.twitter.com/BPpg8zfY9D
— Indecopi Oficial (@IndecopiOficial) August 12, 2024
Berner Caballero, presidente de la Cámara Regional de Turismo de Cusco (Cartuc), analizó el problema de manera similar. “Lo acontecido (el sábado) es la gota que ha colmado el vaso”, refirió, luego de indicar que los “altercados entre los comuneros por el derecho que cada uno asume tener sobre el control de la montaña” no es algo reciente. De hecho, la ausencia de un control único y ordenado de este destino -dijo Caballero- impide conocer realmente cuántas personas ingresan a este circuito turístico. Aun así, el vocero estimó que son cerca mil quinientos turistas al día los que llegan a este punto, aunque principalmente llevados por agencias o guías informales.
Reuniones anteriores
El último 8 de julio, los representantes de la comunidad campesina de Chilihuani y las autoridades locales se reunieron para plantear un diálogo y llegar a acuerdos formales sobre la administración formal de los accesos a la montaña. Esto se dio en la etapa final del bloqueo ejercido en el acceso por Cusipata, suceso descrito líneas arriba. En esta reunión -contó Yépez- se firmó un acta en la cual se definió las competencias de cada sector y de las entidades gubernamentales. “Pero al día siguiente, (los pobladores) se regresaron y desconocieron toda el acta”, dijo la subprefecta.
Lo cierto es que, a mediados de julio, el acceso de Cusipata volvió a abrir sin cobro alguno. De hecho, Yépez confirmó que la propuesta planteada por algunos dirigentes locales de evitar el cobro ante la falta de transparencia, hasta que se llegue a un acuerdo, fue motivo de violencia anteriormente. Abierto este acceso, la siguiente mesa de diálogo, que fue coordinada para el 6 de agosto y replanteada para el 8, no se concretó ante la ausencia de los comuneros. Flavio Illatinco Yupanqui, el hombre de 45 años que fue asesinado a golpes este sábado y hermano del dirigente del sector Llacto, era -según reveló Yépez- conocido por promover el acceso sin pago hasta que no se resuelva la problemática.
Impacto
Para Caballero, el interés económico que envuelve la problemática “es muy grande”, cosa que ha impedido que la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía Cusco (Gercetur) y el Estado no logren controlar la disputa. “Es una muestra del desgobierno”, arguyó el presidente de la Cartuc. “Nosotros, como operadores del sector turismo, hemos decidido que este destino no debe ser visitado mientras no se den las condiciones de seguridad, y exigimos al gobierno mano dura”, sostuvo.
Cabe recordar que el Gercetur describió que los “actos de violencia ejercidos en la zona del ámbito de la Montaña de Siete Colores (son) producto de intereses individuales y decisiones unilaterales”. Asimismo, la entidad del Gobierno Regional del Cusco exhortó a los operadores turísticos a “evitar exponer la integridad y priorizar la seguridad de los visitantes locales, nacionales y extranjeros que tengan programada la visita a la montaña por (las) rutas de Cusipata y Pitumarca”.
El entrevistado no descarta la posibilidad que los involucrados en esta gresca tomen acciones contra algún turista “que no tiene nada que ver con su conflicto, por el simple hecho de buscar una forma de chantaje”. “Este (circuito) debería ser administrada por alguna entidad del gobierno que trabaje en coordinación con los comuneros. Lamentablemente, se han dado concesiones no tan claras bajo esta mal llamada licencia social. Estas licencias sociales se han dado a ciertas poblaciones que no necesariamente están en vulnerabilidad y ahora chantajean al Estado con hacer uso indebido de la fuerza”, criticó Caballero.
Para el presidente de la Cartuc, “esta situación nos tiene que enseñar que debemos poner condicione, no podemos vivir en un Estado donde alguien, por el hecho que tenga la concesión social, hace lo que le da la gana”. Dicho esto, Caballero recordó que la Montaña de Siete Colores es un destino con bajísimo desarrollo y extremas carencias. Explicó que, en época de lluvias, las vías de acceso son dañadas e inaccesibles, y que la mayor cantidad de visitantes llegan a través de agencias informales porque “las formales no saben con qué comunidad conversar (para el ingreso) y no recomendamos el destino”.
En la misma línea, resaltó la inexistencia de servicios en casos de emergencia. En noviembre del 2023 falleció un turista por una descompensación. En marzo de este año, un grupo de visitantes fueron impactados por un rayo, causando la muerte del guía turístico y dejando seis heridos. “Estamos viendo una prestación deficiente del servicio turístico. Antes de que suceda este problema (el reciente enfrentamiento) ya habíamos indicado que era necesario poner mano dura con este destino”, resolvió Caballero.
