El riesgo del deporte de aventura en Cusco
El riesgo del deporte de aventura en Cusco
Josefina Miró Quesada

Periodista y abogada

En lo que va del año, tres turistas han fallecido en Cusco cuando practicaban ‘zipline’, una modalidad de deporte de aventura que consiste en deslizarse de una superficie a otra por cables sujetos a poleas.

Estos accidentes han generado una creciente preocupación sobre los riesgos del sector turismo –particularmente, el informal– y la necesidad de reducirlos con reglas especializadas que garanticen la idoneidad de los equipos, personal, infraestructura y demás. Estas reglas, que son recientes, están aún en proceso de implementación.
Según el Perfil del Turista Extranjero, elaborado por Prom-Perú en el 2017, el 50% de los visitantes consultados dijo que iría a Cusco para practicar turismo de aventura.

Vacíos legales

Días atrás, El Comercio fue testigo de un operativo inopinado realizado en el distrito de Maras por la Policía de Alta Montaña, la Dirección Regional de Turismo (Dircetur) de Cusco y la fiscalía de prevención del delito. Dos personas –una de ellas menor de edad– fueron intervenidas cuando ofrecían el servicio a pesar de que meses atrás ese lugar había sido clausurado para el turismo de aventura. Ambos fueron trasladados a la comisaría para ser denunciados por el delito de desobediencia a la autoridad. Esto fue posible gracias a un acta de fiscalización de la anterior intervención de la Dircetur, en la que los operadores se comprometieron a asumir las responsabilidades de incumplir la orden de cierre.

Rosendo Baca, director de esta entidad regional, explica que dado que no puede clausurar el servicio (el gobierno regional no tiene esa competencia), la Dircetur recurre entonces a la Policía de Alta Montaña y a la fiscalía de prevención del delito: la primera les da una asesoría de cuán segura es la actividad, y la segunda sanciona allí cuando hay un riesgo para la vida o seguridad de los turistas.

“Antes, ningún deporte de aventura estaba reglamentado, esto era tierra de nadie. ¿Qué funcionario se expone a intervenir fuera del ámbito de sus competencias? Ahí entraba la fiscalía”, comenta Baca. Recién en el 2016, el Reglamento de Seguridad para la Prestación del Servicio Turístico de Aventura le reconoció esa facultad a la entidad regional, pero sus disposiciones aún deben implementarse. Salvo el canotaje, el resto de actividades del rubro carecía de un marco legal que estableciera las condiciones técnicas para operar.

Isabel Mendoza, directora de Normatividad y Calidad Turística del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), comenta que la facultad de cerrar estos locales siempre ha sido de las municipalidades locales. “Las normas de seguridad general del turista eran implícitas, no es que las agencias podían trabajar con cualquier tipo de instrumento”, indica. En base a estas normas, podían retirárseles las licencias de funcionamiento, pero Mendoza reconoce que eran insuficientes porque el sector “es dinámico” y exige reglas más específicas.

Protocolos propios

Las agencias formales –es decir, las que cuentan con RUC y licencias de funcionamiento distritales– han tenido que recurrir a estándares internacionales para brindar un servicio de calidad. “Han avanzado con sus propios protocolos de seguridad internacionales porque, como el Estado no tiene quién las acredite, se amparan en certificados internacionales”, explica Baca. En la actualidad, estas agencias realizan trámites para ser evaluadas y, de esta manera, conseguir las autorizaciones de la Dircetur.

“El deporte de aventura es seguro si cumples todos los protocolos. Solo se trata de formalizar y, bajo ese parámetro, funciona como en cualquier parte del mundo. El problema es la irresponsabilidad de unos cuantos que han visto este vacío legal y se han aprovechado, haciéndole un daño tremendo a la imagen del país y al destino Cusco”, agrega Baca.

Fredy Gamarra, presidente de Cámara Nacional de Turismo (Canatur), opina que el problema de que existan agencias informales e inseguras no reside tanto en la reciente implementación de normas técnicas, sino en que no hay un trabajo serio de fiscalización por parte de los gobiernos municipales y regionales. “Por más que se haga todos los reglamentos, si no hay quien fiscalice es lo mismo que nada”, dice.

Rosendo Baca informa que cerca de 20 empresas cuentan con las garantías de seguridad para completar los formularios y adquirir finalmente la autorización estatal. Desde la Dircetur, además, se han realizado talleres de capacitación para lograr lo anterior. “Es cuestión de tiempo para que las 20 obtengan su autorización al 100%”.

-Tres muertes en el 2018-

El 2 de enero, Nathaly Salazar, una turista española-ecuatoriana, fue reportada desaparecida en el Cusco. Semanas después, la policía determinó que la joven falleció al estrellarse en un andamio cuando practicaba ‘zipline’. Jainor Huilca (19) y Luzgardo Pillco (21), quienes le habían ofrecido dicho servicio, confesaron que la arrojaron al río Vilcanota para evitar que las autoridades los descubrieran. Ambos cumplen prisión preventiva por los delitos de homicidio y encubrimiento. El cuerpo no ha sido hallado.

El 4 de abril fallecieron cerca de Maras la turista limeña Milusha Pacheco (29) y un asistente de la empresa Agencia Cusco Perú Zip Line Vincer Quispe (23), mientras practicaban ‘zipline’. Los cables de acero se rompieron mientras se deslizaban y fallecieron al caer. Los dueños de la empresa, que había sido suspendida, permanecen en prisión preventiva.

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