Defensoría: el país registra más de 190 conflictos y la mayoría se sitúa en Loreto, Cusco, Áncash, Puno y Apurímac

En el territorio nacional, se registran 191 conflictos sociales, 142 de los cuales están activos y los 49 restantes latentes, según el reporte sobre este tema de mayo de la Defensoría del Pueblo. Fueron cuatro nuevos conflictos los que se incorporaron a este reporte con relación al de abril y uno más pasó de estado latente a activo.

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Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, señaló que lo más notorio en el nuevo reporte de conflictos es el incremento de 51% de las acciones colectivas de protesta en comparación con el mes anterior (movilización, plantón, bloqueo de carretera, paro, entre otros)

“Hemos pasado de 157 en abril a 237 en mayo. La mayoría de estas protestas fueron plantones (57%) y se registraron en ciudades. Vivimos circunstancias de indefinición política que limita la actuación oportuna de las instituciones, por lo que los actores sociales están trasladando en mayor número sus demandas al espacio público”, señaló a este Diario.

La mayoría de conflictos son socioambientales (124), le siguen los comunales (18), por asuntos del gobierno nacional (14) y por asuntos de gobierno local (11). Los demás son por asuntos del gobierno regional (9), laboral (7), demarcación territorial (5) y por otros asuntos (3).

Los conflictos socioambientales giran en torno al control, uso o acceso al ambiente y sus recursos, y tienen componente políticos, económicos, sociales y culturales; y los comunales, al acceso de los recursos naturales, propiedad y límites territoriales entre comunidades.

Rolando Luque indicó que los conflictos socioambientales se mantienen numerosos desde abril de 2007. Sin embargo, agregó que no todas las demandas planteadas están vinculadas a temas ambientales, pues muchas de estas se refieren al acceso o mejoramiento de servicios públicos y a mayor presencia del Estado en el lugar del conflicto.

En tanto, las cinco regiones con más conflictos son Loreto (28), Cusco (22), Áncash (16), Puno (14) y Apurímac (11).

Sobre esto, el representante de la Defensoría señaló que, desde septiembre de 2020, Loreto es el departamento con mayor número de conflictos sociales. Pasó de tener 18 conflictos en mayo de 2020 a 28 conflictos en mayo de 2021, de los cuales el 64% (18) son de tipo socioambiental. “Esto refleja la necesidad de contar con una estrategia territorial para abordar las diferentes problemáticas en esta zona del país y la importancia de aplicar el enfoque intercultural en las acciones del Estado”, expresó.

También indicó que si bien Cusco, Áncash, Puno y Apurímac registran altas cifras de conflictos sociales, no todos están vinculados a actividades extractivas. “Por ejemplo, de los 22 conflictos sociales en Cusco, 12 son de tipo socioambiental; mientras que en Apurímac, de los 11 conflictos sociales registrados, cinco son de tipo socioambiental”, precisó.

El funcionario subrayó que es necesario que las autoridades locales y regionales se involucren en la atención de los conflictos sociales. Ello, pues al 2020, solo cinco gobiernos regionales tenían oficinas de prevención y gestión de conflictos sociales activas. “Estas oficinas no solo deben aparecer en el organigrama de la institución, sino que deben contar con presupuesto, recursos humanos y el fortalecimiento continúo de capacidades de los especialistas”, demandó.

-Las regiones con conflictos y las elecciones-

De las cinco regiones con más conflictos, en solo una de ellas ganó Fuerza Popular. Según el 100% de actas procesadas y contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en Loreto Keiko Fujimori obtuvo 51,79% de votos válidos y Pedro Castillo, 48,20% . Esto es, poco más de 14.400 votos de diferencia.

En Cusco, Puno y Apurímac, Castillo ganó de manera contundente con 83.19%; 89,25% y 81,46% de votos válidos, respectivamente. Mientras que Fujimori, en ese mismo orden, obtuvo 16,80%; 10,74% y 18,53%

En el caso de Áncash, el candidato de Perú Libre también triunfó, pero el margen de votos con su contrincante fue menor en comparación con las otras tres regiones. Obtuvo 58.38% de votos válidos frente a los 41.61% de Fujimori.

- Los casos: la mayoría de conflictos nuevos se registra en Loreto-

El conflicto más antiguo data del 2004 y se ubica en el distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba, en la región Cajamarca. Según la Defensoría, las autoridades y un sector de la población de Chuquibamba y Condebamba se oponen a las actividades mineras formales que se pretenden desarrollar en la provincia (proyecto Shahuindo) y a las actividades mineras informales que se desarrollan en el cerro Algamarca, debido al impacto ambiental negativo que estas ocasionan al valle de Condebamba.

Según el conteo de la ONPE, en el distrito de Cachachi, Pedro Castillo se impuso en las elecciones de segunda vuelta. Obtuvo 63,45% de votos válidos y Fujimori 36,54%

Mientras, uno de los casos de este 2021 se registra en el distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas, en la región Apurímac. La Defensoría del Pueblo señala que allí la comunidad campesina de Pumamarca solicita a la empresa minera Las Bambas renegociar el precio pagado por sus tierras en el contrato de compraventa del 7 de abril del 2011 y exige que la empresa formalice sus compromisos sociales en un convenio marco.

Asimismo, agrega, la comunidad señala que hay falta de información sobre el proyecto Sallawi que forma parte de los compromisos de la empresa y que debe realizarse consulta previa a la comunidad respecto al tajo Chalcobamba.

Entre los cuatro casos nuevos registrados en mayo, uno tiene por protagonista a la comunidad campesina Ccollana, en el distrito de Velille, provincia de Chumbivilcas, región Cusco. La comunidad solicita ser declarada como área de influencia directa ambiental y social de la empresa minera Hudbay, la firma de un convenio con la comunidad, la paralización de la tercera modificatoria del estudio de impacto ambiental de la unidad minera Constancia, indemnización y compensación de daños ambientales y sociales y fiscalización participativa a la unidad minera, anota la Defensoría.

El mes pasado, los campesinos bloquearon la carretera de acceso a la unidad minera, luego entablaron un proceso de diálogo con la empresa, pero no llegaron a ningún acuerdo. En la actualidad, han acordado instalar un comité con participación de ambas partes y de representantes del Gobierno ( Presidencia del Consejo de Ministros, Autoridad Nacional del Agua, Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles y Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental ).

Respecto a los otros tres casos nuevos, todos tienen por lugar la región Loreto. Por ejemplo, un sector de la comunidad nativa Santa Elena, en la provincia de Trompeteros, exige la remediación de los daños ambientales en su territorio, asimismo la titulación de sus predios, la realización de nuevos estudios ambientales, entre otras cosas. Sin embargo, la Defensoría también informa que dentro de la comunidad está divididos; otro grupo solicita becas técnicas y universitarias, cambio de categoría del establecimiento de salud e indemnización por daños y perjuicios a la salud de los pobladores, el ambiente y por daños al territorio ancestral.

Entre las acciones que han realizado ambos grupos, están el bloqueo de accesos y concentraciones numerosas en lugares estratégicos.

Frente a esta situación, se han paralizado las labores del personal que se encuentra en las instalaciones de la zona de la empresa Pluspetrol. La Defensoría señala que ha tomado conocimiento que un representante de la empresa ha propuesto a ambos grupos una reunión con representantes del Estado para conocer y atender sus demandas.

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¿Qué hace falta para resolver los conflictos de manera sustancial?

Rolando Luque señala que la conflictividad social va a seguir siendo una vía para plantear demandas sociales en tanto no se produzcan reformas institucionales que le den al Estado una mayor representatividad y confianza.

En ese sentido, explica que las política económicas y sociales son determinantes en el incremento del bienestar de los sectores más pobres del país. “Y, desde luego, hay que apostar por un pacto por el desarrollo entre Estado, comunidades y empresas mineras, para garantizar ingresos al fisco con los que potenciar las capacidades y vocaciones productivas de las zonas más deprimidas”, comenta.

¿Qué experiencias de los conflictos solucionados se pueden aprovechar para atender los que están vigentes?

El representante de la Defensoría del Pueblo indica que el conocimiento oportuno de las demandas sociales es fundamental para proponer espacios de diálogo, porque esto evita la radicalización de los actores y abre una posibilidad de soluciones pacíficas.

“Un aspecto a tener en cuenta es que los procesos de diálogo respaldados por un dispositivo legal [norma] tienden a ser más estructurados y exitosos. El reconocimiento legal tonifica la legitimidad tanto del espacio de diálogo como de los acuerdos que se tomen”, anota.

Enseguida, agrega, hay que entrar al fondo de las demandas con mucha capacidad técnica y habilidad para perfilar acuerdos. Cuando se ha procedido de esta manera se ha logrado conducir las contradicciones de una forma racional.

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Asimismo, sostiene que es necesario persistir en implementar políticas de cierre de brechas con enfoque territorial, combinando la premura del corto plazo con el impacto más estructural del mediano plazo. “En Loreto hay un esfuerzo en esa dirección, pero podría haberlo también en el corredor minero del sur o en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem)”, sugiere.

El funcionario destaca el esfuerzo de algunas empresas por sintonizar con las comunidades y cumplir sus compromisos. Esto es garantía de relaciones pacíficas y constructivas.

¿Qué acciones debe realizar el próximo presidente o presidenta de la República para atender los conflictos sociales?

Rolando Luque explica que estabilizar políticamente el país y construir el máximo consenso posible es indispensable para enfrentar la pandemia y la crisis económica, y también para atender las nuevas expectativas ciudadanas despertadas a partir de las promesas de campaña. “La sociedad necesita mensajes de unidad, de transparencia, de desprendimiento para creer en el nuevo Gobierno, sea cuál fuere la candidatura ganadora”, refiere.

A partir de ello, señala, el nuevo Gobierno deberá fortalecer los equipos de gestión de conflictos del Ejecutivo y de los gobiernos regionales.

“Está pendiente optimizar el sistema de gestión de la información, la articulación entre los distintos sectores, y el cumplimiento de los acuerdos. Del mismo modo hace falta introducir un enfoque territorial [estrategia que pone el acento en el territorio como espacio socioeconómico integrado por hombres y mujeres, recursos, conocimientos técnicos, instituciones, inversiones, etc., y cuya articulación potencia el desarrollo] en la comprensión de los problemas y en la estrategia para abordarlos”, indica.

“El Perú es un país fragmentado que solo el diálogo puede unir”, finaliza.

Aquí puedes leer el reporte de conflictos sociales de mayo de la Defensoría del Pueblo:

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