La cartera estimada de inversiones mineras para los próximos años en el país –sin contar las minas que ya producen, como Las Bambas, la ampliación de Cerro Verde o Toromocho– está compuesta por 46 proyectos, cuyo monto bordea los US$45.600 millones, según cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem).
Si bien la cartera de inversión en este rubro a la fecha es significativa, enfrenta dificultades. En primer lugar, varios de los 46 proyectos que la forman son de menor tamaño en comparación con los que acaban de entrar a la fase de producción, y más de la mitad de estos aún están en etapas incipientes, como la exploración.
Adicionalmente a estos aspectos operativos, 12 de estos proyectos (que aún no inician operaciones) enfrentan algún grado de conflictividad social y figuran en el último reporte de conflictos sociales elaborado por la Defensoría del Pueblo. Del total de conflictos relacionados con proyectos mineros, siete están activos y sin ningún tipo de diálogo entre las partes, en cuatro de ellos hay diálogo y en uno el conflicto es latente.
Los proyectos sumidos en conflictos representan el 30% del monto total de inversiones para los próximos años. Estos son Conga (Cajamarca), Cañariaco (Lambayeque), Río Blanco (Piura), Tía María (Arequipa), Los Chancas (Apurímac), la ampliación de Toromocho (Junín), Toquepala (Tacna), relaves del proyecto Bofedal II (Puno), Shahuindo (Cajamarca), Salmueras de Sechura (Piura), Anubia (Puno) y Santa Ana (Puno).
Aquí se detallan los principales, teniendo en cuenta el monto de inversión y su situación actual.
–Conga–
Este proyecto –manejado por Yanacocha, cuyo accionariado está compuesto por la estadounidense Newmont y la peruana Buenaventura– representa una inversión estimada de US$4.800 millones. Fue suspendido a finales del 2011 por protestas contra un plan que incluía el trasvase de cuatro lagunas (Perol, Azul, Mala y Chica), consideradas por agricultores de la zona como cabeceras de cuencas hidrográficas en Cajamarca.
En aquella oportunidad, las autoridades, los representantes de la sociedad civil y los comuneros de las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc demandaron que se declare la inviabilidad del proyecto.
La empresa afirmó en los últimos meses que Conga no es económicamente viable y no hay una fecha estimada para su continuación (llegó hasta la etapa de exploración).
“Conga no podrá ser desarrollado si no cumple la viabilidad ambiental y social. Seguimos trabajando para obtener la aceptación social. Hemos desarrollado un programa de visitas al reservorio Chailhuagón para socializar el proyecto con las comunidades”, dijo a este Diario Javier Velarde, gerente general y de asuntos corporativos de Yanacocha.
–Cañariaco–
Es el único proyecto a gran escala en la región Lambayeque, donde la actividad minera representa menos del 0,3% del PBI local. Fue suspendido en mayo del 2013, en plena etapa de exploración, tras enfrentar seis meses de continuas protestas de los miembros de la comunidad San Juan de Cañaris, quienes temen una posible contaminación. Además del bloqueo de carreteras, los manifestantes quemaron instalaciones del campamento.
Según cálculos de la empresa canadiense Candente Copper, se podría generar 2.000 puestos de trabajo durante la construcción y obtener regalías de US$2.800 millones durante los 22 años de funcionamiento de la mina. De este monto, US$1.000 millones serían para la región y el resto para las provincias y distritos de la zona de influencia.
Pese a las constantes negativas de la comunidad, cuyos dirigentes pidieron en enero anular todas las concesiones mineras en su territorio, la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la PCM informó que en setiembre autoridades estatales y comunales firmaron una misiva para solicitar el retorno de la empresa.
–Río Blanco–
Es el proyecto cuprífero más importante de Piura, con una inversión estimada en US$1.500 millones. Los habitantes de las provincias de Ayabaca y Huancabamba se oponen a la presencia de la empresa Río Blanco Copper S.A. y a la actividad minera que esta pretende desarrollar en la zona, alegando una posible contaminación ambiental. Según reportes de la Defensoría del Pueblo y la ONDS, la compañía actualmente no desarrolla actividades en la zona.
–Tía María–
Este proyecto, valorizado en US$1.400 millones e implementado por Southern Copper en Arequipa, derivó en uno de los conflictos que más víctimas ha cobrado en los últimos años (siete muertos y más de 230 heridos). El Frente de Defensa de Valle de Tambo –zona agrícola ubicada en el área de influencia– considera que el proyecto agravaría los problemas de disponibilidad hídrica. En setiembre de este año, el Valle de Tambo fue declarado en emergencia por escasez de agua.
A la fecha, aún persiste el rechazo a Tía María en Islay y otras localidades de la zona de influencia. La empresa estima que con la puesta en marcha del proyecto la región recibiría (a nivel agregado) por canon S/273 millones, cifra superior a los S/6 millones recibidos este año y casi cuatro veces más de lo percibido en el 2015 (S/71 millones). Además, distritos cercanos a la mina, como Cocachacra, recibirían unos S/30 millones anuales, casi 300 veces lo que recibe hoy.
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Diagnóstico de la SNMPE
Sin megaproyectos mineros a la vista
Para Carlos Gálvez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), uno de los factores detrás de la aparición de conflictos es la ausencia del Estado, principalmente en su labor redistributiva de los aportes de la minería.
“Esto trae como consecuencia el empobrecimiento de las poblaciones, que es aprovechado por agitadores”, dice Gálvez.
Esto impacta en el aumento de las expectativas de las comunidades en torno a los proyectos, lo cual –acompañado por otros factores como la caída de precios– dificulta su avance. “La inversión minera en el 2013 fue de US$10.000 millones, la cual ha ido en descenso y podría bajar hasta US$2.000 millones el próximo año”, comenta Gálvez. “Cuando se acaben los proyectos de Cerro Verde, Las Bambas, Toromocho, Constancia y la ampliación de Toquepala, el resto son entre medianos y pequeños, pero megaproyectos, ninguno”, agrega.
1,9 puntos porcentuales aportará la minería metálica al crecimiento del PBI nacional durante el 2016, según el BBVA Research.