La ejecución de recursos ante desastres avanza a paso lento

Los daños que dejan los huaicos, lluvias e inundaciones causados por El Niño costero van en aumento. Para enfrentarlos, el Ejecutivo implementa un plan de contingencia que incluye a 811 municipalidades de 14 regiones declaradas bajo estado de emergencia.

La primera medida fue la asignación de S/100 mil a cada una de estas comunas para la atención de las necesidades inmediatas: pago de jornales, compra de combustible, alquiler de maquinaria para abrir caminos obstruidos, entre otros conceptos considerados gasto corriente.

La semana pasada, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alfredo Thorne, anunció que se asignarían S/100 mil adicionales a los gobiernos locales, siempre que estos hayan utilizado el primer tramo.

En total, la medida implica un gasto estimado de S/92,8 millones y es financiada con los recursos del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales, creado a mediados del 2016 y cuyo monto para este año asciende a S/280 millones.

— Avance del gasto —
Si bien la ejecución promedio de los gobiernos locales en este rubro aún es baja (21,9%), existen diferencias entre regiones.

Mientras que los municipios de Lambayeque y Piura registran un mayor avance en el gasto (superior al 30%), los de Áncash y Cajamarca son los más atrasados. En conjunto, han ejecutado menos de 4% de su presupuesto.

Este escenario contrasta con lo observado en Piura, que tiene la mayor cantidad de distritos que han completado la partida de S/100 mil ofrecida por el Ejecutivo desde inicios de febrero.

Varios alcaldes han señalado que en sus localidades no existen bienes disponibles para ser arrendados (como maquinaria y motobombas), por lo que la única opción que manejan es la de adquirir directamente los bienes, algo que la actual reglamentación no permite. Ante ello, el MEF evalúa flexibilizar la normativa.

El jueves, el ministro Thorne indicó que uno de los motivos por los que las autoridades locales no utilizan los fondos entregados es el “miedo” a la contraloría. “Los alcaldes tienen miedo por los controles de la contraloría, entonces les estamos dando las seguridades del caso y los estamos guiando sobre qué pueden hacer con ese dinero”, señaló en declaraciones a RPP.

— Capacidades a prueba —
La atención de la emergencia por las municipalidades constituye un reto al esquema de descentralización del gasto adoptado en los últimos años. Flavio Ausejo, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, consideró que la capacidad administrativa de los gobiernos locales influirá en la rapidez con que se ejecute el gasto durante la etapa de emergencia. Esta característica podría convertirse en una desventaja para los distritos ubicados especialmente en zonas alejadas o rurales.

“La emergencia pondrá a prueba la capacidad de ejecución de las municipalidades, es un indicador de qué tan capaces son de gastar en situaciones de absoluto estrés”, explicó.

Junto con la rapidez se pondrá a prueba la calidad del gasto inmediato. Un estado de emergencia involucra mecanismos de contratación directa omitiendo el proceso de selección, lo cual podría derivar en un mal uso de los recursos.

“Es un procedimiento muy sencillo en el que compras literalmente a dedo lo que necesitas, pero no se puede utilizar de manera extensa, dado que no se sabe hasta qué punto puede ser aprovechado por malas autoridades. Es un cheque en blanco”, comentó Ausejo.

— Tema de fondo —
Si bien la eficiencia y rapidez del gasto para atender las zonas afectadas son una exigencia a las autoridades provinciales y distritales en estos días, la capacidad de estas para ejecutar gastos en prevención (que ciertamente habría ayudado a atenuar la magnitud de los desastres) no ha sido óptima. Los gobiernos locales no gastaron lo suficiente en prevención.

Las municipalidades de Piura, Lambayeque, La Libertad e Ica (fuertemente golpeadas por el fenómeno) son las que menos ejecutaron su presupuesto destinado a reducir la vulnerabilidad ante los desastres durante el 2016 (conocido como el pliego 068). En lo que va de este año, los alcaldes de todo el país han ejecutado el 14,3% de esa partida, cifra mayor a los gobiernos regionales (7%) y al Gobierno Central (7.2%)

Eduardo Ballón, investigador del Grupo Propuesta Ciudadana, indicó que este hecho es transversal a los tres niveles de gobierno. Sin embargo, un aspecto que afecta a los municipios y gobiernos regionales es la falta de predictibilidad en la asignación del presupuesto. “El año pasado las municipalidades ejecutaron más del 82% de su PIM [presupuesto inicial] pese a que este fue 120% mayor que su presupuesto de apertura [PIA]. Las partidas varían muy fuertemente en la segunda mitad del año”.

El especialista remarcó, además, la ausencia de un esquema que permita la asignación de recursos en base a responsabilidades previamente establecidas. “El país carece de un sistema de presupuesto razonable, que delimite roles y responsabilidades para los diferentes niveles de gobierno, y que cuente con mecanismos de control de gasto”, opinó Ballón.

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