El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) inició un proceso de investigación a quince empresas y cinco personas naturales del rubro farmacéutico por presuntamente haber cometido actos de colusión horizontal en 23 procesos de contratación pública. Los imputados habrían condicionado sus participaciones para beneficiarse mutuamente en las convocatorias del Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (Essalud) entre diciembre del 2006 y febrero del 2020.
El Indecopi comunicó que los denunciados “habrían distorsionado las condiciones de adjudicación e impedido que diversas medicinas sean adquiridas por el Estado a menor precio”. “Entre ellas figuran la amoxicilina y azitromicina, para el tratamiento de infecciones. Antineoplásicos e inmunosupresores, como el metotrexato, para el tratamiento de leucemias agudas, cáncer de cabeza y cuello. Además, antianémicos como el sulfato ferroso, suplemento del hierro, entre otros productos farmacéuticos”, precisó la entidad.
Por su parte, la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe), a la cual no pertenecen las empresas sindicadas, condenó “cualquier tipo de práctica ilícita, al igual que todos nuestros agremiados, en los procesos de licitación de medicamentos”. Del mismo modo, el gremio dispuso: “confiamos que las autoridades harán las investigaciones pertinentes y aplicarán las sanciones correspondientes a las compañías involucradas”. Finalmente, el comunicado de la Alafarpe mencionó que “reafirma su compromiso con la transparencia en las compras públicas y la ética en el sector farmacéutico y continúa trabajando para promover prácticas responsables y justas en beneficio de la salud pública”. Para Ángela Flores, directora ejecutiva de Alafarpe, “si bien la investigación abarca el período de diciembre del 2006 a febrero del 2020, por causa de esta investigación, pueden presentarse ciertas demoras en los procesos de compra de medicamentos”.
Alafarpe rechaza prácticas ilícitas que atentan a la salud y a la libre competencia.#transparencia #saludpública #Comunicado pic.twitter.com/iqItoDoHcu
— ALAFARPE (@Alafarpe) July 17, 2024
En entrevista con El Comercio, el abogado Pierino Stucchi, socio de Stucchi Abogados, a cargo de la defensa de una de las empresas investigadas, resaltó que se trata de una acusación de gravedad y reveló que “sí hay una cantidad de evidencias que permite sospechar que, efectivamente, algunas empresas se pusieron de acuerdo [para afectar las licitaciones]”. Sin embargo, criticó que el Indecopi ha acusado también a otras farmacéuticas sin evidencia. “En mi opinión profesional, lo que ha ocurrido aquí es un apresuramiento porque se ha extendido [la acusación] contra otras empresas donde francamente no tienes correos electrónicos ni evidencia para plantear una sospecha”, sostuvo el letrado.
Al respecto del caso, el ministro de Salud, César Vásquez, refirió en conferencia de prensa que “para nadie es un secreto el poder que tiene la industria farmacéutica en el país y el mundo”, agregando que “ha puesto en rodillas más de una vez a muchas gestiones”. El ministro describió que estas empresas coluden para no presentarse a las licitaciones y declararlas desiertas con el fin de generar un aparente desabastecimiento de medicamentos. Esto, según Vásquez, les permite repartirse las adjudicaciones a precios más elevados. Dicho esto, el jefe de la cartera difundió que las noticias sobre desabastecimiento de medicamentos en el sector se trata de una “exageración a la cual se vienen prestando opinólogos y exministros, seguramente financiados por estas malas empresas, que quieren generar esta idea”.
Cuestionamiento
Para Stucchi, el caso tiene implicancias de mayor gravedad al tratarse de un tema de salud y exhortó a que se cumpla con emitir las sanciones correspondientes “a los que cometieron las faltas”. “Ya ha ocurrido antes en Indecopi que, cuando [hay ampliaciones en la acusación] o pruebas dudosas, esto se corrige en primera instancia. Es legítimo que las que no lo hayan hecho se defiendan y se archive el caso [para ellas] en primera instancia”, sostuvo el abogado. Para el letrado, es posible que ante la extensión del periodo de investigación, “podríamos estar ante varias conductas que han prescrito”. “Lo que va a tratar de hacer el Indecopi es [describir los hechos] como una conducta continua, pero cuando uno revisa la acusación eso tampoco está probado”, argumentó.
Además, Stucchi describió que se podría tratar de un caso donde una de las empresas sindicada haya optado por la delación premiada. “Cuando hay un delator, hay un conflicto de interés muy duro. El delator busca un premio, por eso se llama premiada, porque busca no pagar parte o la totalidad multa. En el fondo, el que delata tiene el primer incentivo de culpar con toda la energía posible a todos los que estén alrededor. [A veces] sucede que se le cree todo, [y las entidades] actúan en automático, sin pruebas y le inicia el proceso a todos. Eso ya ha pasado antes en el Indecopi”, describió.
Respecto a los comentarios del ministro Vásquez, Stucchi expresó que “a los ministros hay que exigirles eficiencia y mucha mesura, no pueden y no deben emitir afirmaciones concluyentes frente a situaciones que recién están iniciándose para definir, con pruebas o sin pruebas, quiénes han cometido una infracción”. “Yo honestamente tengo confianza de que el Indecopi, que es un ente autónomo, cuya presidencia está a cargo de una persona técnica y que tiene una comisión y un tribunal, va a tomar una decisión autónoma sin presiones, directas o indirectas, de cualquier ministro”, resolvió.
Empresas proveedoras
Las empresas que han sido sindicadas por el Indecopi no son ajenas al sector, pues se trata de importantes farmacéuticas nacionales y grandes proveedores del Estado peruano. El Comercio pudo conocer por medio del Buscador de Proveedores del Estado del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) que las quince farmacéuticas registran centenares de contratos y órdenes de servicio. Asimismo, varias acumulan penalidades (por diferentes factores, como demora en los plazos de entrega establecidos) y sanciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE). Medifarma S.A. es la que más penalidades acumula, con dieciséis.
Muestra de la experiencia de estas farmacéuticas en el sector público es la cantidad de dinero que acumulan las órdenes y contratos en los que han participado. En total, se trata de 485.926.960 de soles. De estos, 411,3 millones corresponden a contratos, mientras que los restantes 74,5 millones de soles son a causa de órdenes de servicio. Los primeros suman 1.257, mientras que el total de las órdenes igualan las 6.244. Las empresas Instituto Quimioterápico S.A. y Laboratorios Americanos S.A. son las que más acumulan más contratos, con 183 cada una. Pereda Distribuidores S.R.L. lidera la lista de órdenes atendidas, con 497.
En comunicación con El Comercio, el Dr. Q.F. César Rodríguez Rosado representante del Colegio Químico Farmacéutico del Perú y especialista en procedimientos de compras de medicamentos, resaltó que las empresas vinculadas en esta investigación “son las grandes farmacéuticas, no mypes o droguerías que podrían participar en las licitaciones; son las que mayor facturación presentan en el país”. Dicho esto, Rodríguez precisó que en el Perú existe una amplia oferta de empresas farmacéuticas para suministrar los medicamentos que solicita el Estado.
Nuevo sistema
Según la información que Indecopi hizo pública sobre la investigación, son 23 los procesos en que las empresas mencionadas habrían confabulado en contra del Estado. De estas convocatorias, 19 corresponden al Minsa, mientras las cuatro restantes se vinculan al Seguro Social. Se trata de convocatorias con múltiples ítems y con valores referenciales millonarios. El menos valorado fue en el 2017, más de 14,8 millones de soles. La convocatoria con el mayor valor referencial fue el 2016, con 610,7 millones de soles. Para Rodríguez, en paralelo al mal actuar de las empresas, gran parte del problema está en la forma como se estructuran las licitaciones para la adquisición de medicamentos. “Lastimosamente, el marco normativo actual ha tenido diversos modificaciones, a través de la Ley de Contrataciones del Estado, no discrimina la compra de medicamentos. Para la ley, comprar medicinas es igual que comprar cualquier otro bien”, criticó el especialista.
El entrevistado resaltó que esto no tiene sentido por la naturaleza de la demanda de los medicamentos. “Cuando hablamos de acceso a medicamentos, la situación es diferente. Si uno no tiene el medicamento en el momento que lo requiere, pierde la oportunidad [de adquirirlo], pierde la salud. No es lo mismo que [una medicina] llegue ahora que en dos meses”, sostuvo. Ante esto, Rodríguez exhortó al Estado a que se realice una acción multisectorial para modificar y fortalecer la compra de medicamentos. Consideró oportuno que también exista una respuesta a esta investigación en diversos niveles gubernamentales. Recordó que el Ministerio de Economía y Finanzas, como entidad que supervisa los procesos de adjudicación, debe pronunciarse al respecto.
Por su parte, Flores comentó a El Comercio que “si bien la Ley de Contrataciones del Estado regula herramientas de contratación específicas para la compra de medicamentos, está pendiente su reglamentación”. “Las compras públicas en el sector farmacéutico no deberían ser equiparadas a las de bienes en general, pues están relacionadas directamente con el acceso a la salud y bienestar de la población. Adicionalmente, existen enfermedades que no permiten tener predictibilidad en el consumo y demanda de los productos”, arguyó.
Flores también señaló que se deben considerar diversos criterios, adicionales al menor precio de las ofertas, en la compra de medicamentos. “Es esencial evaluar rigurosamente la calidad y eficacia de los tratamientos y mejorar la logística y distribución para evitar desabastecimientos y sobrestock mediante sistemas de monitoreo en tiempo real”, dispuso. “El sistema actual presenta riesgos significativos, como desabastecimientos, sobrestock, compromiso de la calidad, ineficiencia logística y dependencia de datos históricos”, concretó.
Descargos
La empresa Laboratorios Lansier S.A.C. refirió a El Comercio que se encuentran “evaluando los fundamentos del inicio del caso en [su] contra”. “Nuestra empresa es respetuosa de la legislación, de los procesos de licitación pública en el sector salud, de la competencia y sobre todo de los consumidores. Vamos a presentar nuestra defensa y toda la documentación requerida con el fin de esclarecer cualquier duda sobre nuestra trayectoria y conducta. Tenemos confianza en el resultado final de la evaluación que realizará Indecopi”, señaló.
El Comercio contactó vía correo electrónico con las empresas B Braun Medical Perú S.A., Pharmagen S.A.C., Distribuidora Droguería Sagitario S.R.L., OQ Pharma S.A.C., Laboratorios Americanos S.A. y Teva Perú S.A. para recoger sus descargos sobre el caso sin éxito. Asimismo, ante la imposibilidad de contactar vía telefónica o a través de un correo electrónico, se comunicó por medio de los formularios de contacto de las empresas Laboratorios Portugal S.R.L., Medifarma S.A. y Pereda Distribuidores S.R.L.. Las empresas Laboratorios Unidos S.A., Instituto Quimioterápico S.A., Perulab S.A., Jobal Pharma E.I.R.L. y Laboratorios AC Farma S.A. fueron contactados a su central telefónica, sin suerte.
