Feminicidios: los testimonios que evidencian por qué las cifras no disminuyen en el país

En el Perú se calcula que cada dos días una mujer es víctima de feminicidio. Si solo consideramos las cifras del MIMP, en los últimos siete años suman 975 mujeres muertas, la mayoría, a manos de sus parejas o ex parejas. Si añadimos las que sobrevivieron a un intento de feminicidio, la cifra se triplica; y si contamos a aquellas que sufrieron violencia física y sexual tenemos más de 454 mil víctimas desde el 2017. No son cifras, son vidas.

Y detrás de cada una, una familia que padece interminables batalles judiciales para obtener una justicia esquiva.

Lee también: ¿Quién busca los ‘más buscados’ por feminicidio? Toda la verdad sobre el programa de recompensas

“Siempre digo que no voy a llorar, que voy a ser fuerte, pero no puedo”. Mariella del Socorro Briones es madre de Mariella Baca y lleva dos años y 9 meses con el corazón roto, denunciando que el sistema judicial les ha dado la espalda.

El 30 de enero de 2021, su hija murió cuando el auto en que huía con dos amigos fue embestido por el que conducía su pareja, Rodrigo Pacheco Bado, en el distrito de Pimentel, Chiclayo. Según una llamada que realizó la joven de 32 años a su hermano, minutos antes del choque, Pacheco los perseguía realizando disparos al aire. De hecho, esa llamada hizo que el padre y hermano de Mariella salieran a buscarla en un patrullero. Cuando llegaron, la encontraron muerta.

En diciembre de ese año, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo ordenó seis meses de prisión preventiva para el acusado, pero nunca fue detenido. Dos meses después, la Primera Sala de Apelaciones de Lambayeque revocó la medida y ordenó comparecencia restringida.

Mientras Rodrigo Pacheco sigue libre, la investigación se mantiene en etapa preparatoria. Los padres han denunciado que las autoridades dilataron las pesquisas desde el inicio y que el constante cambio de abogados del acusado busca retrasar y anular las audiencias. “Había flagrancia, pero lo dejaron libre y lo citaron cuatro días después. Le dieron tiempo para que vaya a pintar su camioneta. Querían hacerlo pasar por un accidente. Recién después de 42 días empiezan a investigar por feminicidio pese a que el fiscal que recogió el cadáver de mi hija puso que se trataba de un presunto feminicidio”, explica Briones a El Comercio.

Junto a su esposo, Mariella viajó a Lima el último 8 de noviembre para participar del 1° Tribunal contra el Feminicidio, organizado por el colectivo Familias Unidas Por Justicia, que reúne a los deudos de 60 feminicidios sin justicia en el país, para poner en evidencia cómo el Estado incumple sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar los casos de feminicidio.

Lesly Vicente tenía 21 años cuando fue asesinada el 15 de julio del 2020 en Tingo María, Huánuco. Cuando la cuñada de la joven, Nataly Villegas, llamó a la comisaría dijo que se había suicidado. Pero Lesly tenía puñaladas en la espalda, cortes en la cara y el cuerpo. Había sido, además, víctima de violación sexual. “Cuando mataron a mi hermana, mataron a toda la familia”, dice su hermana Rosmery Caldas. A diferencia del caso de Mariella, esta investigación lleva tan atrasada que ni siquiera han establecido qué pasó y ni quiénes serían los responsables.

Este retraso también se hace evidente en la investigación por el feminicidio de Joshuany Muñoz. El 12 de diciembre del 2019, fue encontrada muerta tendida boca abajo en la cama de la habitación que alquilaba en una vivienda en Chorrillos. Hay varios sospechosos, entre ellos su pareja y expareja. Pero se van a cumplir cuatro años y no hay detenidos. La investigación también está en etapa preliminar. En el 2022, la Fiscalía de Chorrillos intentó archivar el caso, pero, la fiscalía Superior de VMT ordenó que continúe las diligencias. Pablo Muñoz, su padre, dice estar desesperado porque nadie se mueve por ellos. “No tenemos plata, no tenemos recursos para decir que por eso la mataron. Mi hija quiso salir adelante y una persona lo truncó todo”, reclama.

Mientras la sensación de impunidad en los casos de feminicidio se acrecienta, las cifras de violencia contra la mujer se mantienen casi idénticas todos los años.

Silvia Rosario Loli Espinoza, viceministra de la Mujer, explica que, pese a los esfuerzos de prevención con campañas como “También es mi problema” y “Hombres por la igualdad”, no se reducen las víctimas porque la sociedad sigue manteniendo esterotipos de género que perjudican a la mujer. “El feminicidio es la expresión extrema de la discriminación y la violencia. En una sociedad machista como la nuestra, donde hay altísima tolerancia a la violencia y esta es usada como un mecanismo de control, es muy difícil reducir las estadísticas”, dijo a este Diario.

Prueba de ello es que la última Encuesta Nacional Sobre Relaciones Sociales (Enares) del 2019 evidenciaba una alta tolerancia social (58%) hacia la violencia a mujeres. “Tenemos un país donde mas del 50% de la población considera que existen ciertas circunstancias donde la mujer debe ser maltratada, como por ejemplo si ha sido infiel”, añadió.

Sin embargo, para Rocío Gutiérrez, Subdirectora del Movimiento Manuela Ramos, aunque es cierto que vivimos en una sociedad machista que mantiene estereotipos de género, el trabajo de prevención desde el Estado es casi nulo. Eso, sumando a que las instancias de justicia no actúan con la debida diligencia, aumenta la desprotección de las poblaciones más vulnerables. “La prevención es lo que menos se hace en este gobierno y en todos los que antecedieron. Implica un proceso de reeducación, de revisar qué se está haciendo en relación a la educación con enfoque de género, a la educación sexual integral, qué se hace en relación al machismo”, opinó.

Si bien este de enero a setiembre del 2023, el MIMP ejecutó 77.326 acciones preventivas, entre capacitaciones, orientación a varones, prevención en colegios, incidencia con autoridades, y otros; el mismo portal del Programa Aurora reconoce que representan una disminución de 9% respecto a las acciones preventivas del año pasado. Además, en agosto pasado, la Defensoría del Pueblo advirtió a El Comercio que hasta mayo, al menos, 195 Centros de Emergencia Mujer (CEM) no tenían equipos completos, ya sea abogados, psicólogos o trabajadores sociales.

Lo que ambas coinciden es que uno de los caminos para proteger a las víctimas es actuar apenas llegan las denuncias. La viceministra explica a El Comercio que los 431 CEM del Perú cuentan con 5 mil personas para atención de los casos. En este lugar se realiza la valoración del peligro y se solicita, de ser necesario, medidas de protección para la agraviada. Si el juez lo dispone, también se incorpora un “botón de emergencia” en el celular de la víctima para que avise a las autoridades en tiempo real si el agresor incumple las restricciones impuestas, como la orden de alejamiento. El problema, añade Loli, es que este seguimiento solo se puede realizar cuando acuden a los CEM. “Lamentablemente no todos los casos se denuncian. Sabemos por el INEI que apenas el 28% de las personas que reconocen ser víctimas recurren a una autoridad”, indica.

A nivel normativo, un punto que también ambas resaltan es que en octubre pasado se publicó el Decreto Legislativo N.° 1575 para que las requisitorias en casos de feminicidio, lesiones, violencia sexual y actos contra el pudor en agravio de menores de edad no caduquen.

Al otro extremo de la violencia, existe un grupo de mujeres que busca ser el soporte de quienes afrontan una historia de maltrato. Dos de ellas son Merly Linares Franco y Silvina Pineda Saavedra, quienes tienen cuatro años en el estrategia “Mujeres acompañando mujeres” del Programa Aurora del MIMP.

Ambas son voluntarias cuya tarea consiste en, como su nombre lo dice, acompañar a quienes han denunciado violencia psicológica, física, sexual o intentos de feminicidio. Este voluntariado no reemplaza el papel de los psicólogos, abogados u otro personal especializado. Lo que busca es mentoras, previamente capacitadas, usualmente lideresas comunitarias, realicen un seguimiento cercano de las mujeres que tomaron el valor para acudir un CEM con el objetivo de que no desistan del proceso contra el agresor, muchas veces largo y agotador.

“Lo que hacemos es escucharlas, muchas veces fueron aisladas de sus familia o amigos por sus agresores y se sienten solas al punto que normalizan la violencia. Nosotras nos reunimos una vez a la semana con ellas, pero estamos disponibles a que nos contacten cuando lo deseen”, explica Merly, cuyas asesoradas se encuentran en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Silvina, del Rímac, entró al programa porque había vivido de cerca un caso de violencia. Una mujer de su familia sufrió maltratos y ella siente que no supo cómo apoyarla a tiempo. Tener herramientas para sostener a otras es su forma de recuperar el tiempo. “Me pregunté qué quiero dejar a mis hijas y quiero que sean valientes. Lamentablemente la sociedad juzga a las mujeres que han sido víctimas de violencia. Quiero sumar a que eso deje de ser así”, añade.

Las dos quieren seguir en el programa hasta que sus fuerzas lo permitan. Han organizado sus semanas para incluir el día de visita en sus rutinas y preparar las “tareas” que dejarán en cada sesión. Empiezan sus días enviando mensajes motivadores, preguntando cómo están, preocupándose por cómo va el proceso contra el agresor. No son sus amigas porque el protocolo exige cierta distancia a fin de asegurar objetividad en la atención. Pero para ellas, cada usuaria ya es parte de su vida.