Caso Greenpeace: "Ningún activista investigado ha declarado"

El 8 de diciembre del 2014, una protesta del grupo ambientalista Greenpeace, en la que se colocaron letras enormes de color amarillo sobre el área intangible que rodea a la figura del colibrí, en Nasca, despertó la indignación del mundo. La condena a esta incursión solo fue superada por la pasmosa lentitud de la justicia peruana para impedir que cinco de los responsables identificados –todos extranjeros– salieran del país como si nada hubiese pasado.

Patricia Begazo, fiscal que trabajó 72 horas consecutivas para evitar una de esas salidas, comparte la indignación. En su despacho, donde la investigación ya suma medio millar de hojas, la encargada de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Nasca asevera que el Estado hará de este caso un hito, pues no cesará hasta lograr una indemnización significativa para nuestro patrimonio.

—Mauro Fernández, activista que publicó la incursión en redes sociales, fue identificado en Lima, días antes de volver a su país [Argentina]. ¿Por qué no lo detuvieron?
Conocida la incursión, recorrimos hoteles y fuimos al aeródromo para identificar a los que sobrevolaron el área. Dos días después recién ubicamos a Fernández y se preparó la solicitud de prisión preventiva e impedimento de salida del país. Conversé con la juez de turno [Patricia Bejarano Tuesta, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Nasca] para que le dé prioridad, pues sabíamos que saldría del país. No imaginamos que ella nos devolvería el pedido porque no habíamos consignado domicilio. 

— Pero él es extranjero...
Así es. Se nos devolvió el pedido con un falso fundamento. La decisión de la jueza dañó mucho la imagen de la fiscalía y del Poder Judicial.  Ahora se está generando un gran gasto al Estado por la extradición. En una situación como esta debimos actuar de la mano.

— Además de Fernández, ¿quiénes son los investigados?
Hay dos periodistas, uno argentino y el otro colombiano [trabajan para agencias internacionales y acudieron a cubrir la manifestación];  Wolfgang Sadik, arqueólogo de Austria y miembro de Greenpeace Alemania, e Isis Wiedmann, alemana. Hasta ahora, ninguno ha declarado ante esta fiscalía.

— ¿Eso es normal para un caso que lleva cinco meses?

El pedido de extradición de Fernández ya está en Argentina, esperamos que lo revisen y lo aprueben. Los periodistas tienen comparecencia restringida, al haber pagado una caución de S/.5 mil. Acuden todos los meses a firmar. Las otras dos personas pidieron declarar por videoconferencia, pero les respondimos que, ni siquiera con un peruano, tenemos esas contemplaciones. Si no vienen, se pedirá extraditarlas. 

—¿Estas demoras podrían afectar la investigación?
Es un caso complejo, por lo que se tenemos una ampliación hasta agosto. Hace una semana, en una audiencia con la juez [Bejarano], acordamos citar a los peritos para la inspección de campo en el colibrí, que será en junio. 

 —¿Habrá cárcel efectiva por estos daños?
Dependerá del juez. Lo que sí habrá es debate pericial, pues pediremos que Greenpeace sea tercero civil responsable para asegurar una reparación ejemplar. Ellos pueden presentar peritos para estimar por su cuenta el daño. Para nosotros, el caso debe marcar un hito y servir como disuasivo en el futuro.