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Los abogados del gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, presentaron un recurso de apelación ante el Quinto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios a fin de que revoque la prisión efectiva de cuatro años y ocho meses ordenada en su contra, según informó este jueves el gerente general de la administración subnacional, Wider Herrera Lavado.
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La autoridad regional, mediante el documento presentado, solicitó que se revoque la sentencia emitida el 5 de agosto por la jueza Susan Carrera Túpac Yupanqui y, por lo tanto, que se le absuelva del delito en contra de la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo en agravio del Estado peruano en el caso del saneamiento de La Oroya. Cerrón asegura que no existen pruebas en su contra.
La fiscalía acusó a la gestión del actual gobernador de entregar S/800 mil a la empresa La Oroya cuando no le correspondía. Los funcionarios argumentan que se trató de una conciliación ejecutada por el procurador del gobierno regional y está de acuerdo a ley.
En el documento presentado por la defensa de Cerrón, se detalla que no existe responsabilidad penal en la autoridad regional debido a que la firma del convenio fue realizada en el 2010, sin licitación previa, generando sumas adicionales que paralizaron la obra.
Asimismo, señala que el cuerpo de gerentes del Gobierno Regional de Junín evaluó una salida al conflicto, por lo que se encargó al procurador regional llevar un proceso de conciliación con la empresa; ante ello, el funcionario reconoce S/850.000 a la empresa.
En el escrito, se precisa que la conciliación tiene carácter de ley y al ser idéntica a una sentencia, las autoridades que recibieron la condena solo cumplieron con dar continuidad a la obra en beneficio de población y acatando la normativa actual.
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