Reclusorios juveniles son bombas de tiempo [INFORME]

El 14 de febrero fue un día de espanto en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo, antes conocido como La Floresta. Cinco internos, algunos menores de edad, murieron asfixiados en un incendio. Según las autoridades, el fuego fue provocado durante una gresca entre bandas. Sin embargo, también se habló de una reyerta de internos que exigían mejoras en el centro.

A casi dos meses de la tragedia, la Defensoría del Pueblo reiteró su pedido al Poder Judicial para que declare en emergencia no solo al centro de Trujillo –lo que ocurrió tras el incendio– sino también a los otros nueve reclusorios juveniles del país.

El último informe sobre la situación de los centros de rehabilitación juvenil de la defensoría constata graves deficiencias. “Las áreas destinadas a los programas de atención intensiva carecen de las mínimas condiciones de habitabilidad permitidas: espacios reducidos, iluminación insuficiente, malas condiciones de aseo y sobrepoblación. Esto configura un trato inhumano y degradante”, se dice en el documento.

—A punto de estallar—
Cuando ocurrió el incendio en el correccional de Trujillo, su población superaba los 180 internos, aunque su capacidad de albergue era de 90. Es decir, el hacinamiento pasaba del 100%. No obstante, este problema se da en todos los centros de rehabilitación. El hacinamiento, en general, supera el 40% en estos locales, según la defensoría.

“Los centros juveniles [juntos] pueden albergar a 1.934 adolescentes, pero existe una sobrepoblación que supera los 2.130 infractores [a febrero del 2018]”, se indica en el informe.

Hoy, el centro juvenil más sobrepoblado es Marcavalle (Cusco). Su capacidad es de 96 internos, pero tiene una población de 192 infractores. Le siguen el de Chiclayo y Pucallpa, cuyas sobrepoblaciones llegan al 78,7% y 49%, respectivamente.

El mal estado de la infraestructura también preocupa. Algunos centros están muy deteriorados por su antigüedad y sus muros podrían derrumbarse. En Marcavalle, por ejemplo, se ha constatado que el cerco perimétrico no tiene columnas.

“Es prioritario que estos centros juveniles sean declarados en emergencia para que el Poder Judicial, el administrador, consiga los recursos económicos que le permitan paliar la crisis. Necesitamos reformar el sistema penal juvenil”, explica Percy Castillo Torres, adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la defensoría.

Asimismo, para el representante defensorial de La Libertad, José Luis Agüero, si esta problemática no es enfrentada y solucionada, la situación podría empeorar. “En Trujillo hablamos de jóvenes de alta peligrosidad que pertenecen a grandes organizaciones criminales. Si bien en este centro juvenil se ha reducido la población [luego del incendio del 14 de febrero], van a volver y el local actual no es idóneo”, sostuvo Agüero.

Según el Código Penal, los menores de edad no cometen delitos, sino infracciones. La medida disciplinaria máxima que reciben es la de internación en un centro juvenil por un período de 10 años. Cuando cumplen la mayoría de edad, pasan a un área especial y no a un penal porque su infracción la cometieron cuando eran menores, indicó el ex fiscal Alfredo Galindo Peralta. “Sin embargo, en la práctica no hay áreas especiales, todos están mezclados”, añadió.