MDN
Chiclayo
Johnny Aurazo

El distrito azucarero de Tumán (Chiclayo) vivió el miércoles su día más crítico desde que el Ejecutivo declarara el estado de emergencia por primera vez, el 13 de junio. La jornada comenzó con una protesta individual: un agente policial en actividad y uniformado subió a la cima del campanario de la iglesia Santa Ana y le reclamó al ministro del Interior, Carlos Basombrío, mostrando un letrero que decía: “Basombrío, a la policía se respeta”.

“Debe suspenderse el estado de emergencia. El pueblo está reclamando justicia. La policía está protegiendo a un seudodirectorio, la policía no está para eso”, dijo luego el superior José Luis Torres Castro (57), quien presta servicio en Chiclayo.

Al cierre de esta edición nadie sabía dónde estaba el policía, quien dijo que se pondría a derecho.

Poco rato después de este incidente, agentes de la policía se enfrentaron a un grupo de trabajadores de la azucarera en la avenida principal de Tumán. Los efectivos tuvieron que lanzar bombas lacrimógenas para dispersarlos.

Dos mujeres y un hombre fueron detenidos y luego trasladados a seguridad del Estado en Chiclayo. Fueron identificados como Alejandra Cueto Arcila, Esther Dalila Chamaya Moreno y César Ortiz Ruiz.

Además, tres personas –dos de ellas menores de edad– resultaron afectadas por la inhalación del gas. Tras ser atendidas en el hospital de la ciudad, fueron dadas de alta.

–Disputa judicial–
En la actualidad, la azucarera Tumán es dirigida por un directorio presidido por Luis Felipe Cantuarias, vinculado al Grupo Oviedo, de propiedad de Edwin Oviedo (empresario y también presidente de la Federación Peruana de Fútbol), a quien los manifestantes acusan de haber “quebrado” la compañía.

Sin embargo, un juzgado de la localidad de Bongará, en la región Amazonas, ordenó la instalación de una administración judicial integrada por Daniel Rioja y Martín Martínez, representantes de los trabajadores de la azucarera. Esta situación tiene enfrentadas a ambas partes desde hace meses.

Tumán se encuentra en estado de emergencia desde el 13 de junio, debido a que un grupo de trabajadores se declaró en desobediencia civil el 25 de abril por estar en desacuerdo con la administración vinculada con Oviedo. Esto desencadenó una serie de enfrentamientos en la zona.

Tras dictarse el estado de emergencia, el Ejecutivo prolongó la medida tres veces y la azucarera es resguardada por personal de unidades especializadas de la policía. Todos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales han sido suspendidos en este distrito.

Aun así, durante la semana hubo tres enfrentamientos, pero de mediana intensidad. Ayer, finalmente, la policía retomó por la fuerza el control del parque principal del distrito, donde se reúnen los trabajadores en protesta.

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