Tras la medida de prisión preventiva dispuesta por el Poder Judicial en contra de Edwin Oviedo, por los presuntos delitos de asociación ilícita en agravio del Estado y homicidio calificado de los dirigentes sindicales Manuel Rimarachín Cascos y Percy Farro Witte, crece la incertidumbre de quién tiene actualmente la administración de la compañía Tumán.
Lo cierto es que el pasado 3 de agosto, tras una orden judicial, la empresa Coali, vinculada a Oviedo, retomó la administración de la agroindustrial Tumán. Sin embargo, el 4 de octubre, un grupo de trabajadores contrario al empresario tomó ilegalmente las oficinas administrativas y a la fecha continúa en posesión de estas.
El último sábado, el apoderado común de la empresa agroindustrial Tumán, Alejandro Zevallos Gonzales, advirtió la ocurrencia de nuevos conflictos sociales en el citado distrito, luego de que el Primer Juzgado Especializado en lo Civil de la Provincia de Chiclayo suspendiera “las atribuciones y facultades otorgadas a la administración judicial” integrada por Luis Mendizábal Mendoza, Hernando Meza Córdova y Arnaldo Fernández Ayasta.
Zevallos aseguró que tras esta decisión judicial, comunicada el último viernes, “quedaron abiertas las puertas” para que asuma la dirección de Tumán el V Directorio, conformado por personas vinculadas a Edwin Oviedo.
Asimismo, dijo que con esta decisión ya no hay administración judicial e ingresa el V Directorio, que fue elegido en julio de 2017 y cuyo gerente fue el señor Antonio Becerril Rodríguez [hermano del congresista Héctor Becerril], quien se encuentra duramente cuestionado en Tumán.
Por su parte, Richard Tirado Ventura, abogado de un grupo de trabajadores y accionistas de Tumán, recordó que la administración judicial conformada por Mendizábal y otros más volvió a asumir funciones en agosto de este año.
Según el Poder Judicial, la medida obedecía a que desde el 2007, Tumán le habría debido S/11 millones a la empresa D’Líbano Inversiones S.A.C., la misma que cedió la acreencia a Coali S.A.C., en septiembre del 2017. Ambas compañías serían propiedad del Grupo Oviedo, según denuncias que investiga la Fiscalía de Lavado de Activos de Lima.
La misma resolución 114, remitida el 30 de noviembre, también declara “improcedente” la solicitud de subrogación de los administradores judiciales formulada por el apoderado común de Tumán días atrás.
Por otro lado, José Carlos Isla Montaño, abogado de Edwin Oviedo, indicó el pasado el 30 de noviembre, durante la audiencia del pedido de prisión preventiva en contra de su patrocinado, que este nunca fue administrador judicial de Tumán.
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