Cerca de la frontera con Colombia, abundan los laboratorios de producción de drogas, llamados fincas. Estos se esconden en el monte para evitar ser captados por las fuerzas del orden. (Foto: Ministerio de Defensa)
Cerca de la frontera con Colombia, abundan los laboratorios de producción de drogas, llamados fincas. Estos se esconden en el monte para evitar ser captados por las fuerzas del orden. (Foto: Ministerio de Defensa)
Ricardo León

Las mafias de tráfico de drogas que operan en las dos riberas del río Putumayo, en suelo peruano y colombiano, emplean métodos que dificultan la labor de los policías y militares encargados de vigilar la zona.

Por ejemplo, a diferencia de lo que ocurre en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) y otros valles cocaleros del país, los productores de cocaína que operan en la frontera no secan al sol la hoja de coca cosechada en grandes extensiones de terreno, sino que la pican en máquinas trituradoras. Al requerir menos espacio, pueden ocultarse más fácilmente.

Esta modalidad se ha extendido a otras zonas de la región Loreto, entre ellas la provincia de Ramón Castilla.

A pesar de ello, y del costo que significa transportar patrullas y tropas a lo largo de más de 1.500 kilómetros de la frontera con Colombia, en los últimos días se ha logrado asestar dos golpes importantes contra los narcotraficantes que buscan controlar esta zona limítrofe.

El 20 de febrero pasado, policías apoyados por militares del Comando Operacional de la Amazonía detectaron un laboratorio de producción de drogas oculto en la quebrada Peruhaté, que pertenece al distrito de San Pablo. Allí se encontraron 28 cilindros de gasolina mezclada con otras sustancias, tanques con restos de hoja de coca picada y recipientes con varios otros insumos químicos. El laboratorio estaba en pleno proceso de producción de cocaína.

Aunque los traficantes huyeron al escuchar los helicópteros, en el lugar se encontraron los DNI de Jian Sánchez, Víctor Anain Cavalcanti Chávez y Natalia Padilla Chávez, quienes ahora son buscados por la policía. También fueron halladas dos escopetas de caza.

Cuatro fusiles y una escopeta estaban en poder de los narcos.
Cuatro fusiles y una escopeta estaban en poder de los narcos.

Armas recuperadas

Hace poco más de cuatro años, en la madrugada del 1 de enero del 2016, en total 18 fusiles fueron robados del almacén de armas del puesto militar de Quistococha, en Loreto. El oficial que estaba a cargo de la base abandonó su puesto.

Según explican fuentes de inteligencia que operan en la zona, los fusiles fueron a parar a manos de las mafias extranjeras que operan en la frontera con Colombia y Brasil, y que disputan el control territorial. Días atrás, el 12 de febrero, seis cadáveres aparecieron en Puerto Lupita, en la orilla peruana del Putumayo. Eran cinco colombianos y un brasileño torturados y luego ejecutados.

La misma fuente asegura que por cada fusil estos grupos pueden pagar hasta US$5 mil. Ante los altos niveles de violencia que se viven, la demanda es alta y por eso ha habido varios casos de hurto de armas en Loreto. Solo cinco de los fusiles sustraídos en Quistococha aparecieron en distintos momentos en varias zonas de Brasil, cerca del límite con el Perú.

El 27 de febrero, otra patrulla de policías y militares, además de un representante de la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Iquitos, llegaron hasta el sector de Santa Elena de Imasa, también en el distrito de San Pablo.

Allí encontraron un laboratorio de droga de 20 por 15 metros de extensión, nueve cilindros con gasolina y otras sustancias y restos de hoja picada.

Pero además hallaron algo que llamó mucho la atención: cuatro fusiles (dos Galil, uno HK y uno AR-15), así como una escopeta.

A algunas de las armas se les había borrado manualmente el número de serie, para evitar su identificación. Según Astudillo, es muy probable que sean algunas de las que robaron aquella madrugada de Año Nuevo en Quistococha.}

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