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La Contraloría General de la República denunció penalmente a tres altos funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios por el presunto delito de colusión agravada, que se habría producido durante la ejecución de la obra de mejoramiento de la carretera Santo Domingo – Laberinto, ocasionando pérdidas al Estado por más de un millón de soles.
Según una auditoría, los funcionarios regionales resolvieron en dos oportunidades el contrato debido a incumplimientos de las obligaciones de la empresa. Sin embargo, luego firmaron nuevos acuerdos que terminaron favoreciendo únicamente a la misma cpmpañía contratista.
El Gobierno Regional de Madre de Dios decidió resolver el contrato por primera vez porque la empresa no concluyó la obra en el plazo previsto. La contratista, que estaba en desacuerdo con esta decisión, recurrió a un arbitraje y demandó el pago de los trabajos que, según ellos, habían realizado y no fueron cancelados.
Cuando el arbitraje estaba en marcha, los funcionarios del gobierno regional firmaron voluntariamente un acuerdo con la empresa dejando sin efecto la resolución del contrato y dispusieron el reinicio de la obra.
Decidieron, además, pagar el monto exigido por la empresa, sin mayor evaluación, no contando con el informe técnico correspondiente y pese a que el supervisor de obra había advertido que esta cifra no correspondía a la ejecución real.
Ambas partes también acordaron parar la obra durante unos 100 días, a fin de que el gobierno regional ejecute trabajos de recuperación previos al reinicio de la obra. Estas modificaciones no estaban contempladas en el contrato inicial.
Al final, la empresa no reinició su tarea en el plazo señalado. Ello porque, según sus representantes, el gobierno regional no ejecutó los trabajos que se comprometió realizar.
Fue así como los funcionarios regionales resolvieron por segunda vez el contrato, pero días después suscribieron otra acta de resolución del mismo, por mutuo acuerdo. Esta vez aceptaban devolver a la contratista la garantía de fiel cumplimiento por S/. 544,727, sin requerir antes la liquidación del contrato de ejecución de obra, como lo establece la normativa legal vigente.
